El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha destacado la labor preventiva en materia urbanística que está desarrollando la Administración andaluza en cumplimiento de la aplicación del Plan General de Inspección 2009-2012, que ha permitido tramitar más de 2.500 denuncias de disciplina urbanística desde su entrada en vigor.

Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Planas, tras hacer un recorrido por las competencias en materia urbanística de carácter autonómica y municipales, ha subrayado que actualmente una de cada tres actuaciones que lleva a cabo la Consejería en este tema son de oficio, en concreto el 36 por ciento, lo que refleja "el compromiso" de la Administración andaluza "para afianzar una política preventiva", en colaboración con los distintos agentes implicados en la disciplina urbanística y, en particular, con los Ayuntamientos.

Igualmente, el titular andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que en esta legislatura también asume las competencias en materia de ordenación del territorio, ha explicado que en el marco de la actividad administrativa realizada al amparo del Plan General de Inspección 2009-2012 y que ha tenido incidencia en 663 municipios andaluces, lo que representa el 86 por ciento del territorio andaluz, se han tramitado 2.517 denuncias.

Asimismo, se han incoado 19 expedientes sancionadores, 26 expedientes de protección de la legalidad urbanística y se han ejecutado 44 demoliciones. En este sentido, Planas ha añadido que se han formalizado 1.264 impugnaciones jurisdiccionales de licencias y proyectos de actuación en suelo no urbanizable, de las cuales el 77,46 por ciento se han resuelto a favor de la Junta.

De otro lado, Planas ha señalado que hasta mayo de 2012, en el ámbito de las tareas de reconocimiento de la realidad física y de identificación de zonas de actuación inmediata, se han seleccionado áreas significativas de las ocho provincias andaluzas, realizando el reconocimiento de 142 municipios andaluces que afectan a más de 920.000 habitantes y conjunto de 80.400 edificaciones aproximadamente, el 72 por ciento en suelos no urbanizable de uso común y el 27 por ciento en suelo no urbanizable de especial protección.

Planas, que ha resaltado la labor administrativa de la Junta en materia de infracción urbanística, ha enumerado algunas tareas como la impugnación de acuerdos locales, el requerimiento de revisión de oficio, la tramitación de expedientes de restablecimiento de legalidad, la atención a denuncias presentadas para el ejercicio de acción pública, o las órdenes de paralización inmediata de obras en curso.

Por otro lado, ha resaltado la importante labor de cooperación institucional que mantiene la Junta con otras administraciones implicadas en la materia y, en particular, con los ayuntamientos andaluces. Además, ha recordado los instrumentos de colaboración vigentes con otras instituciones y organismos, tales como el convenio de colaboración suscrito con el Ministerio Fiscal, los respectivos protocolos acordados con los ministerios de Justicia, Interior, así como con la Fiscalía del Estado y la colaboración con los órganos judiciales y los Colegios de Registradores de Andalucía.

Objetivos próximos

Igualmente, el consejero ha asegurado que el principal objetivo para los próximos años será "mantener el nivel de prestaciones que actualmente se vienen realizando", destacando como acciones prioritarias reforzar la colaboración con los ayuntamientos para la realización de los Planes Municipales de Inspección y el ejercicio de la disciplina urbanística y en particular suministrar el apoyo necesario para la aplicación del Decreto 2/2012 sobre edificaciones en suelo no urbanizable.

De la misma forma, se va a potenciar una mayor atención a la intervención preventiva en las fases iniciales del proceso, estableciendo prioridades territoriales que atiendan a los espacios "más sensibles" desde la perspectiva ambiental y paisajística; así como a la colaboración con otros órganos implicados, especialmente desde la esfera judicial.

Durante su intervención en el Parlamento, el consejero ha resaltado la función reguladora con la que ha nacido el Decreto sobre edificaciones existentes en suelo no urbanizable, "que ha venido a clarificar esta situación desde una visión general, identificando las distintas situaciones y aportando procedimientos para su regularización".

A través de este decreto, se pretende clasificar la situación de las edificaciones desde una doble perspectiva, por su forma de ubicación —aisladas o pertenecientes a asentamientos— y por su situación de legalidad —en función de su adecuación al planeamiento urbanístico y la existencia o no de licencia.

La actividad en esta línea de actuación se centra en las tareas de reconocimiento de la realidad física y jurídica objeto de la inspección, a través de inventarios para el análisis previo de este tipo de edificaciones que permitan determinar los ámbitos territoriales más sensibles y necesitados de una actuación "proactiva, objetiva y programada", ha destacado Planas.

Balance "negativo" del plan de inspección,

Según el pp-A

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario del PP-A en la Comisión Alicia Martínez ha calificado las edificaciones en suelos no urbanizable como "un problema real que afecta a muchas familias andaluzas, que en estos momentos tienen incertidumbre sobre su vivienda", así como "un problema que afecta de manera importante al medio ambiente".

Martínez ha criticado que Planas haya sido "condescendiente" durante la explicación de este asunto, principalmente del Plan de Inspección, pues, a juicio de su formación, el balance es "negativo". Además, ha advertido de que la función preventiva "ya no se puede hacer", lamentando que las familias "seguirán sin ver una solución a sus problemas".

En referencia al Decreto 2/2012, Martínez ha afirmado que "llega tarde" y ha criticado la falta de desarrollo de las normativas directoras que se engloban en el mismo. "Los ayuntamientos no saben a qué atenerse y cómo delimitar esas edificaciones", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de IULV-CA Manuel Baena Cobos ha resaltado la "necesaria" figura de la inspección urbanística en Andalucía, si bien, precisa que el territorio andaluz es "grande y la capacidad de la Junta de inspección es la que es, por lo que seguimos teniendo problemas para el control efectivo de este tipo de edificaciones".

Baena, que espera un periodo de "calma" en este sentido por falta de liquidez, ha subrayado la importancia de la colaboración "estrecha" con los municipios, pues en "última instancia se adjudican a éstos las competencias en materia urbanística".

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Miguel Castellano Gámez ha valorado las medidas de la Junta en materia de edificaciones en suelos no urbanizable, calificándolas de "modelos" para otras comunidades. Por último, ha considerado que el Gobierno andaluz ha tomado "el camino adecuado" en este sentido.

Valoración del trabajo de los funcionarios

Para concluir su intervención, Planas ha resaltado el trabajo de los funcionarios en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y ha reiterado la "necesidad" de colaboración con los ayuntamientos. De otro lado, el consejero ha recordado al PP-A que la Junta en esta materia hace "un ejercicio de responsabilidad dentro de la ley, no actuando en contra de lo que los tribunales han podido determinar en algunos casos".