La consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, ha informado esta mañana que, a partir del próximo 30 de junio, el Ejecutivo regional iniciará el pago a aquellos proveedores que hayan decidido acogerse al mecanismo extraordinario de pago a proveedores, tras la autorización que hoy tiene previsto realizar el Consejo de Ministros. En La Rioja se han adherido 470 proveedores, por valor de 70,6 millones de euros.

Arruga ha dado a conocer esta información, acompañada del portavoz del Gobierno riojano, Emilio del Río, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha señalado que con esta autorización, el Ejecutivo riojano firmará a partir de las próximas semanas el contrato de préstamo con las entidades colaboradoras, lo que permitirá que, a través del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores que habilitó el Estado, se comiencen a realizar los pagos directamente a los proveedores a partir de la última semana de junio.

Gasto sanitario y farmacéutico

La consejera ha explicado que finalmente se abonarán 70,8 millones de euros (el 0,4 por ciento del total concedido a las comunidades autónomas) a 470 proveedores adheridos, de los cuales más del 85 por ciento corresponde a gasto sanitario y farmacéutico histórico. Estos son los datos definitivos tras la relación certificada provisional de proveedores y facturas pendientes de pago que el Gobierno de La Rioja remitió al Ministerio de Hacienda y Administración Pública y cuyo importe ascendía a 76 millones de euros. Eran un total de 1.149 proveedores, si bien finalmente se han adherido los 470 citados.

El procedimiento extraordinario de pago a proveedores se extendía, con carácter general, a los bienes y servicios facturados al Gobierno de La Rioja durante el ejercicio 2011 o anteriores y que no habían sido abonados antes del 15 de abril de 2012. La adhesión a este procedimiento ha sido voluntario, de modo que han sido los propios proveedores quienes han decidido adherirse o no.

Los proveedores que no se han adherido, ha precisado Arruga, cobrarán "según el procedimiento ordinario con el que la Administración riojana está pagando las facturas a sus proveedores y que se encuentra dentro de los 45 días a contar desde la contabilización de la obligación".

La consejera ha destacado que esta operación financiera es una "oportunidad" para las comunidades autónomas ya que las condiciones de esta línea de financiación son muy "ventajosas en un momento en que España se está enfrentando a especiales dificultades para acceder al crédito por la situación del mercado financiero".

Asimismo, Arruga ha subrayado que esta medida supone "un verdadero balón de oxigeno para las Comunidades Autónomas y la solución de un problema de Estado, ya que la repercusión de la crisis en los ingresos y en la financiación autonómica ha generado dificultades de tesorería, de financiación y por tanto de pago de proveedores, ante la necesidad de mantener la calidad de servicios básicos como la sanidad, educación y servicios sociales".

Plan de ajuste

Para poder acceder a este mecanismo extraordinario de pago a proveedores, el Gobierno de La Rioja ha presentado un plan de ajuste sustentado en el Plan Económico-financiero de reequilibrio que ya fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 17 de mayo.

Este plan recoge las medidas planteadas en el Plan de Austeridad y en el Plan Económico y Financiero, cuyo objetivo es garantizar que La Rioja cumplirá el límite de déficit del 1,5 por ciento del PIB establecido por el Estado para 2012 para las comunidades autónomas.

Además, el plan contempla una serie de medidas para favorecer la reactivación económica y la generación de empleo. Entre estas medidas se encuentran, el direccionamiento del eje Leader hacia proyectos productivos y líneas de actividad que generen crecimiento y empleo.

También la reducción de las cargas administrativas sobre empresas al término de 2012 y la puesta en marcha de un programa de revisión de la normativa vigente para impulsar su simplificación y eliminar restricciones a la actividad económica injustificadas o desproporcionadas.

Además la simplificación de trámites para la apertura de negocios sobre la base de declaración responsable, la adopción de mecanismos administrativos que garanticen la evaluación del impacto económico de las propuestas normativas. Plan de trabajo de la Oficina de Control Presupuestario, y la extensión de los mecanismos de compra centralizada puestos en marcha durante 2011.