El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes los planes de ajuste aprobados por 14 autonomías, una condición necesaria para que posteriormente puedan acogerse al plan de pago a proveedores, salvo Asturias, cuyo plan está pendiente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Esta decisión, anunciada el pasado miércoles por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, supone en la práctica una autorización a las autonomías para que se endeuden y puedan pagar así a los proveedores con los que mantienen cuentas pendientes.

En su intervención en el Congreso, Montoro informó de que las comunidades autónomas tienen deudas con 29.107 proveedores y un total de 3.794.532 facturas por importe de más de 17.700 millones de euros.

Del total de proveedores, 7.598 son personas físicas, 20.954 son pymes y 555 grandes empresas, de manera que siete de cada diez facturas pendientes de pago por las regiones corresponden a pequeñas y medianas empresas, quienes, según el ministro, son "las grandes beneficiadas del plan" y la "columna vertebral del tejido productivo español".

Se espera que, tras el visto bueno del Gobierno hoy, la semana próxima se firmen los préstamos y a finales de junio los proveedores comiencen a cobrar.

Por importe, la Comunitad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña son las que tienen mayor cantidad pendiente de pago, y en cuanto al número de proveedores que se beneficiarán se sitúan en primer lugar las regiones de Castilla-La Mancha, Comunitad Valenciana y Cataluña.

Queda excluida de este plan Galicia, ya que, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la pasada semana, la comunidad no ha solicitado su adhesión al plan porque "está pagando a sus proveedores al día" y por ello no ha reclamado cantidad alguna.

El Plan de pago a proveedores, aprobado el pasado 24 de febrero, ha permitido hasta la fecha abonar, en el caso de los ayuntamientos, 1.715.121 facturas presentadas por 3.774 entidades locales que debían a un total de 106.283 proveedores por un importe superior a 9.200 millones de euros.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. La ministra de Fomento Ana Pastor ha explicado que la medida intenta "mejorar la competitividad, simplificar la burocracia y lograr una mayor transparencia".

Así, ha dicho, mejora la operatividad del transporte por carretera al reducir el número de licencias que se exige para este tipo de servicio. La ministra ha explicado que la ley vigente está "obsoleta", pues data de 1987, y que era preciso adaptarse a la nueva normativa europea.

Estas modificaciones afectan tanto al transporte de mercancías por carretera como al de pasajeros, y con él se incrementa la flexibilidad de ese servicio y se aumenta la transparencia.

La ministra puso énfasis al señalar que uno de los aspectos más importantes es la eliminación de algunas de las licencias que se exigen para este tipo de transporte, que en algunos casos era de hasta ocho, unificándolas en una sola, de forma que se agilizan los trámites.

También aludió a que se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que con la nueva ley podrán hacer todas las gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente a través de Internet, sin necesidad de acudir físicamente a sus centros

Por último, nada ha dicho la ministra del sector del ferrocarril ni de los aeropuertos, asegurando que las privatizaciones planteadas en estas áreas "no están en la mesa del Congreso de Ministros".

El Consejo de Ministros, a propuesta del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha aprobado también este viernes el nombramiento de Fernando Restoy Lozano como nuevo subgobernador del organismo supervisor.

Sáenz de Santamaría ha destacado que Restoy es un economista "de gran prestigio", que ya fue consejero del Banco de España y que desde 2008 ocupaba el cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Estos nombramientos, el de gobernador -la pasada semana- y de subgobernador del Banco de España recaen en dos personas de enorme experiencia, de un perfil técnico y profesional y de independencia probada", ha dicho la vicepresidenta.

Además, Sáenz de Santamaría ha destacado que "con ello se logra algo que desde el Gobierno se valora, que es la recuperación del consenso entre los dos principales partidos" para nombrar a los principales cargos de una institución "tan importante como es el Banco de España".

"Son dos nombramientos de dos personas con una enorme y reconocida competencia en este sector, en el que ha coincidido el acuerdo de los dos grandes partidos, y que es la mejor fórmula para recuperar el prestigio de una institución tan importante en este país", ha manifestado.

La vicepresidenta también ha explicado que ante la vacante que se produjo con el nombramiento de Linde como gobernador, era necesario ocupar el puesto que había dejado como consejero del organismo, un cargo que ha recaído sobre Maximino Carpio García, catedrático de Economía y director del departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.