La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ha expresado este jueves su repulsa ante el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón de que presentará "en seis meses una Ley de Custodia Compartida donde sea el juez el que tenga la libertad de elegir el modelo que considere más conveniente para el niño o la niña", Para la Plataforma, al "imponer la custodia compartida no se está pensando en el bienestar de las y los menores".

Así lo ha destacado este jueves en rueda de prensa la activista feminista y miembro de la Plataforma, Lourdes Pastor, quien ha opinado que, con la imposición de la custodia compartida en los procesos judiciales de separación, "ni mucho menos se trata de velar por la igualdad", porque, en caso contrario, "no se explica por qué no se revisan todas la pensiones alimenticias que no se pagan, qué responsabilidades asume el padre antes de separarse o por qué no se penaliza a los padres que incumplen el régimen de visitas de las hijos y que un fin de semana tras otro los dejan esperándoles con la mochila colgada".

Por eso, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres manifiesta su "preocupación ante los recortes, no solo económicos, sino también de derechos, que en los últimos meses estamos padeciendo en este país a una velocidad de vértigo".

Por otro lado, la presidenta de la Plaforma, Rafaela Pastor, ha manifestado su oposición a la derogación de la actual Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en línea con el planteamiento que defiende la Plataforma 'Nosotras Decidimos', la cual, bajo el lema de 'Decidir nos hace libres', ha elaborado un manifiesto que apoyan más de 200 organizaciones de toda España, en el que se critica, entre otras cuestiones, "que la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conlleva el retroceso en cuestiones tan básicas como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia".

Rafaela Pastor ha señalado que "volver a la Ley de 1985, como pretende el Gobierno, es retroceder en derechos, despojando a las mujeres de su derecho a decidir sobre su maternidad y acabar con un sistema de plazos de 14 semanas, que es lo que se establece en la mayor parte de Europa".