El Ministerio de Justicia de Egipto ha emitido este miércoles un decreto que permite a efectivos militares arrestar a civiles, lo que estaba reservado a la policía, según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

La norma entra en vigor desde este jueves hasta que comience a aplicarse la nueva Constitución, motivo de discrepancias entre las fuerzas laicas e islamistas del Parlamento egipcio.

Para redactar la nueva Constitución los parlamentarios eligieron este martes a una asamblea de cien miembros en una controvertida votación boicoteada por las fuerzas liberales y laicas, que acusan a los islamistas de pretender monopolizarla.

El candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, ha asegurado por otra parte que si es elegido presidente formará un Gobierno de unidad en Egipto que no esté dominado por su grupo político, el mayoritario Partido Libertad y Justicia (PLJ). Mursi se ha comprometido a que el ejecutivo esté compuesto por representantes de distintas fuerzas políticas y tecnócratas y que el primer ministro sea elegido en consenso con el Parlamento.

Mursi se enfrentará los próximos sábado y domingo en segunda vuelta al militar retirado Ahmed Shafiq, último primer ministro de la era de Hosni Mubarak y considerado por sus detractores un remanente del antiguo régimen. Unos 50 millones de egipcios están llamados a las urnas para elegir al primer presidente desde la revolución que desbancó del poder a Hosni Mubarak, en febrero de 2011.

Ante los temores a una islamización del país si está controlado por el PLJ, que domina la mitad de los escaños del Parlamento, el candidato subrayó que son falsos los rumores de que su grupo pretende "cerrar bancos, limitar los derechos de la mujer o dañar el canal de Suez y el turismo". "Me comprometo a proteger los derechos de la mujer y de la libertad de prensa. No se va a prohibir ninguna opinión ni cerrar un periódico o un canal de televisión por satélite", agregó.

La Comisión Electoral de Egipto rechazó por otro lado entregar el censo electoral a los candidatos presidenciales para que estos comprueben la veracidad de la información incluida, ya que violaría la ley de confidencialidad de datos personales.

En rueda de prensa, el secretario general de la Comisión, Hatem Bagato, se opuso a la petición del aspirante de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, que reclamó el acceso a la base de datos de los electores ante la posibilidad de que se produzca fraude.

"Los datos personales son secretos, no se pueden difundir a no ser que todos los votantes den su permiso a la comisión para hacerlo", aseguró Bagato, contrario a las manifestaciones que los islamistas organizaron en la víspera para "presionar" al órgano electoral.