La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo ha expresado este martes públicamente su "preocupación y repulsa" por la "ilegal e ilegítima" detención e incomunicación de varios miembros del Tribunal Penal Internacional, desplazados a Libia en misión oficial.

Según el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, la actuación llevada a cabo por las autoridades libias del Consejo Nacional de Transición "atenta gravemente contra los más básicos principios aplicables a la actuación de los organismos internacionales y sus representantes, y supone una vulneración directa de la Resolución 1970 de la Organización de Naciones Unidas, que establece su obligación de cooperar con el TPI".

El Tribunal Penal Internacional, concebido como órgano permanente para la persecución de los delitos de genocidio, guerra y lesa humanidad, es un organismo de extrema importancia para la promoción de la legalidad y la justicia, a través del cual se pretende no sólo evitar la impunidad de los responsables de los crímenes, sino también asegurarles a estos un enjuiciamiento con las garantías que deben asistir a todo acusado, por repugnantes que sean los actos que se les imputen.

Dada la enorme trascendencia de la tarea del TPI, la comunidad internacional ha de prestarle su máximo apoyo y colaboración siempre y en todo caso; y, en el presente supuesto, debe exigir a las autoridades libias la inmediata puesta en libertad de las personas retenidas, y la garantía de que podrán culminar la misión encomendada con plenas libertad y seguridad.

Por ello, y máxime cuando un jurista español se encuentra entre los detenidos, "pedimos a nuestras autoridades que adopten las más severas actitudes y medidas al respecto, junto con el resto de las organizaciones y países comprometidos con los derechos humanos y la legalidad internacional, transmitiendo a los responsables de la detención la enorme gravedad de los hechos y la trascendencia de las sanciones y medida de retorsión que pueden acarrear", concluye el comunicado del Colegio de Abogados de Oviedo.