El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha pedido este jueves el "máximo esfuerzo" para conseguir que la polémica en torno a los viajes del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, no perjudique a las instituciones.

Carnicer se ha pronunciado así en declaraciones a los medios tras inaugurar el XXII Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo en Valencia, al ser preguntado por su opinión sobre la querella presentada contra Dívar por un presunto delito de estafa en relación a los gastos de la veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) desde que tomó posesión del cargo.

"Yo no entro en ese conflicto, que no es nuestro y no debería ser de nadie; lo único que pido es el máximo esfuerzo para no perjudicar a las instituciones", ha apuntado el presidente del CGAE.

Asimismo, también se ha pronunciado sobre las últimas modificaciones legislativas que limitan la prestación de servicios sanitarios a inmigrantes irregulares y ha advertido de que estas podrían "conculcar el texto constitucional y los estatutos de cuatro comunidades autónomas".

Carnicer ha criticado que al tomar esta posición se les acuse de "acusicas" y ha recordado que "cuando hay que felicitar actuaciones del Gobierno" lo hacen también "sin ningún tipo de ambages", como ocurrió hace unos días con la decisión de la Dirección General de la Policía Nacional que prohíbe las detenciones por cupo y razones étnicas a inmigrantes.

Situación de los cie

Por otra parte, preguntado sobre el estado actual de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Carnicer ha señalado que desde el CGAE siempre se ha defendido que en ello se da una "privación de libertad pura y dura" y "hace resentirse los derechos fundamentales en torno a la libertad y a la dignidad de las personas".

Ha recordado también que los abogados tienen la responsabilidad de "cuidar que las garantías se cumplan en cualquier situación en la que estén los inmigrantes en España y que los derechos fundamentales no se resientan" y ha destacado que tienen la promesa de que se está haciendo un reglamento para los CIE en el que esperan tener "un bocadito de participación" con el que ayudarán "a mejorar la situación de aquellos extranjeros que están simplemente a la espera de la tramitación de un expediente administrativo".

Defender "con uñas y dientes" el acceso gratuito a la justicia

Carnicer se ha referido al establecimiento de tasas judiciales en el marco de los paquetes de medidas de ajuste para reducir el déficit y ha subrayado que el acceso a la justicia es "un derecho absoluto" recogido en la Constitución Española que "hay que garantizar plenamente".

Asimismo, la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia reconoce la necesidad de favorecer al máximo el acceso de los ciudadanos a la justicia, ha apuntado Carnicer, quien ha señalado que esa conquista de libertades no puede acabarse ahora, por lo que ha instado a defender "con uñas y dientes" que todas las personas puedan acceder a la justicia. "Paladinamente, se les tacha (a las tasas) de disuasorias, se está pretendiendo lo contrario que se pretendía con la Carta de los Derechos", ha insistido.

"Evidentemente, cualquier traba como la tasa supone una quiebra de la libertad de acceso a la justicia y no lo decimos solo nosotros, ya es el Consejo General del Poder Judicial quien advierte de que esas cantidades tan excesivas pueden conculcar ese derecho fundamental", ha recalcado el presidente de CGAE, quien ha recordado que el recurso de apelación costará unos 800 euros, mientras que el de casación supondrá el desembolso de 1.200 euros.

El responsable se ha preguntado "con qué va a comer" una persona que cobre 1.040 euros y tenga que poner un recurso de apelacion y apelacion, dado que la justicia gratuita se obtiene con rentas inferiores a los 1.035 euros.

Partidos judiciales

Por ultimo, preguntando sobre la propuesta de reorganización de partidos judiciales ha rehusado dar su opinión, dado que en estos momentos están estudiando desde el CGAE "la realidad de cada comunicad autónoma". Ha apuntado que se trata de un tema "difícil y muy largo" que aún está en fase de información por parte del CGPJ.