El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar (Granada) ha abierto diligencias previas contra el que fuera alcalde de Castril, el socialista José Juan López Ródenas, por la supuesta falsificación de facturas mientras gobernaba en el municipio, durante el anterior mandato.

La investigación se ha abierto tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde, Miguel Pérez (Nuevo Castril), que atribuye a su antecesor en el cargo los supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, según consta en el escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según el denunciante, cuando el Ayuntamiento estaba unificando y reuniendo las facturas pendientes de cobro para incluirlas en el plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno, detectó "irregularidades" en algunas de ellas, que "podrían tener una importante repercusión en el cómputo total de la deuda a la que ha de hacer frente el municipio".

De hecho, según el alcalde, posiblemente existan "falsedades" en las mismas que han podido generar el nacimiento de nuevas obligaciones al Ayuntamiento, e incluso "duplicidad" de facturas por "servicios no realizados", y que han podido conllevar la "indebida generación de intereses financieros".

Como ejemplo, el alcalde cita el caso de un proveedor que facturó al Ayuntamiento el 15 de marzo de 2010 un total de 30.856 euros por unos trabajos de limpieza de caminos tras el temporal de lluvias que asoló la zona a finales de 2009 y principios de 2010, sin que las tareas se realizaran y con una cantidad de "horas irreales" —llegó a emitir facturas por 37 horas continuadas de trabajo— e "infladas" con el visto bueno de López Ródenas, que tenía el objetivo, según consta en la denuncia, de aumentar así la subvención que recibiría el Consistorio por el Real Decreto que contemplaba las situaciones de emergencia.

Asimismo, los técnicos municipales han podido comprobar que la subvención abonada al Ayuntamiento no fue destinada al pago de las facturas originadas como consecuencia de los gastos derivados de las grandes lluvias, con lo que el actual alcalde sospecha de que la ayuda "habría sido desviada a otro fin".

A día de hoy, según indica el alcalde en su denuncia, la nueva corporación municipal está procediendo al detallado estudio de las facturas presentadas al cobro al Ayuntamiento, con el objetivo de concretar la real deuda municipal, "la cual podría haber sido indebida y fraudulentamente aumentada por los anteriores responsables de corporación, encabezados por el denunciado José Juan López Ródenas, quien habría precedido a certificar públicamente faltando gravemente a la verdad, diversos documentos municipales".

Así, el Ayuntamiento está iniciando una auditoría externa para determinar la posible existencia o no de otras irregularidades económico administrativas con posible trascendencia penal, cuyos resultados prevé aportar al Juzgado, así como cualquier documento público que pudiera determinar en su caso "la responsabilidad criminal de cualquier persona pública o privada, que haya actuado criminalmente en contra de los intereses del municipio", con el objetivo de resarcirlo "de cuantos perjuicios pudieran haberle causado".

Por ahora, el Juzgado de Huéscar, que ha admitido a trámite la denuncia, ha ordenado a la secretaria interventora accidental del Ayuntamiento que informe de los trámites efectuados por el municipio sobre las facturas a las que se refiere al alcalde y aporte toda la documentación al respecto, según consta en el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press.