La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha asegurado este martes que no ve "ningún motivo" ni justificación para que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán; su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, u otros miembros del Consejo de Gobierno comparezcan en la comisión de investigación que se va a crear en el Parlamento andaluz relativa a las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.

En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Díaz ha señalado que no encuentra "ningún motivo" en el atestado elaborado por la Guardia Civil en relación con el caso ERE "para que se produzca la solicitud" de comparecencia de Griñán ni de "ningún miembro del Consejo de Gobierno" porque "en el propio atestado no hay ningún elemento probatorio".

Ha señalado, en cualquier caso, que la Junta no va "condicionar" el trabajo de los grupos parlamentarios en relación con esa comisión de investigación, de manera que tendrán su autonomía para plantear lo que consideren oportuno.

"Ningún miembro del Consejo de Gobierno tuvo conocimiento de que se estuvieran cometiendo irregularidades o ilegalidades", ha insistido la titular de la Presidencia, que también ha defendido su "derecho a discrepar desde el respeto" con el atestado elaborado por la Guardia Civil que, en su opinión, "no aporta nada nuevo e incluye acusaciones falsas".

Nunca dirán lo que dicen dirigentes del pp

Susana Díaz ha manifestado que tanto ella como el Gobierno andaluz siempre tendrán respeto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero que también es un derecho "discrepar de esos atestados" que no compartan.

Ha indicado que lo que no harán nunca es decir, como hizo el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su día de que había una "trama de jueces, fiscales y policías cuando se investigaban distintas irregularidades que afectaban al partido Popular" o lo que dijo la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que Alfredo Pérez Rubalcaba "encarnaba en sí mismo a la Policía".

"No diremos nunca lo que han dicho los dirigentes del Partido Popular cada vez que se ha investigado un caso de irregularidad que afectaba a su partido", ha sentenciado Susana Díaz, quien ha apuntado que le gustaría saber qué piensa el ministro del Interior, Jorge Fernández, de sus compañeros de fila cuando hicieron ese tipo de manifestaciones.

"Vamos a seguir teniendo el mismo respeto que hemos tenido siempre y que nos merecen todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero lógicamente estamos también en nuestro derecho de discrepar y de manifestarlo cuando no estemos de acuerdo con algún aspecto concreto, en este caso, con el atestado", ha señalado.

Susana Díaz ha reiterado su opinión de que el atestado de la Guardia Civil que se hizo público el pasado viernes no aportaba nada nuevo y literalmente "instaba a seguir investigando". Ha señalado además que en el atestado se hacen valoraciones que carecían de medios probatorios e incluso acusaciones que "son falsas", como la relativa a que Griñán, en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, tenía conocimiento de determinados informes que, como bien se contempla en el registro y en las declaraciones del interventor, "no eran ciertos".

La consejera de Presidencia ha querido dejar claro además que por parte de ningún responsable de la Consejería de Empleo se ha destruido o se ha consentido la destrucción o extracción de ningún tipo de documentación, sino que la misma siempre se ha puesto a disposición de la justicia.

De hecho, ha informado de que en el día de ayer se remitieron al juzgado casi 140.000 folios en 129 cajas archivadoras de todas las resoluciones dictadas por el que fuera presidente del IFA y por el secretario general de IDEA desde el año 2001 y hasta 2007 y desde 2007 en adelante.

"Desde el minuto uno, cuanta documentación ha sido requerida por parte de la justicia se ha puesto a disposición por parte del Gobierno de la Junta", ha sentenciado.

Susana Díaz ha manifestado que la posición de la Junta sigue siendo que la justicia tiene que actuar con celeridad; que hay que recuperar hasta el último céntimo que se haya extraído ilegalmente de la Junta, y que tienen que pagar los culpables, porque es lo que esperan los ciudadanos.