El grupo parlamentario socialista ha instado al Govern balear a que abandone el "orgullo" y deje de lado la "prepotencia" con la que está actuando con su política lingüística y le ha pedido que recupere el "consenso" en materia de lengua que, a su juicio, se ha perdido en esta legislatura.

Así lo ha señalado el diputado del GPS, Lluís Maicas, en una pregunta parlamentaria en la que le ha pedido al conseller de Educación, Rafael Bosch, una valoración sobre la "ruptura" del consenso lingüístico existente en las Islas Baleares desde 1986, creando un "clima hostil de confrontación y de enfrentamiento" que ha generado en los últimos meses con las medidas propuestas.

Por su parte, el conseller de Educación ha corregido los términos de la pregunta, puesto que, según ha defendido, "lo que hace este Govern es ir modificando en función de la legislación que ha salido en los Tribunales Superiores y Constitucional en todos estos años".

Con todo, el diputado del PSIB ha manifestado que la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística ha sido una herramienta que ha permitido a los ciudadanos de esta comunidad "vivir un largo periodo de equilibrio y de armonía".

"Rectificar no rebaja a nadie sino que le enaltece, y la primera obligación de un Govern es buscar fórmulas de convivencia para sus ciudadanos. Dejen de lado la arrogancia de una victoria, porque es grande la diferencia entre lo que es una mayoría electoral y ganarse el respeto de la mayoría social", ha añadido al respecto.

Por último, Maicas ha opinado que, con los datos en la mano de la libre elección de lengua en la enseñanza, los ciudadanos de la comunidad han demostrado "una madurez y un sentido común propias de personas sensibles". Unos resultados, que ha remarcado, deberían hacer reflexionar "sobre la necesidad de provocar tanta crispación".

A ello, el conseller de Educación le ha recordado que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del mes pasado sobre el reglamento de usos del catalán en el Ayuntamiento de Barcelona, que dice que "la posición de las lenguas oficiales dentro de un ámbito público siempre debe darse en un ámbito de equilibrio, en consecuencia la cualificación jurídica del catalán como lengua de uso preferente es inconstitucional".

"Eso es exactamente lo que pretendemos: Adaptar la normativa que ha ido saliendo en los últimos 25 años a la constitucionalidad", ha apostillado Bosch.