El Grupo Municipal Regionalista de Medio Cudeyo ha solicitado al Ayuntamiento y a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria la apertura de un expediente de disciplina urbanística contra la alcaldesa y diputada del PP, María Antonia Cortabitarte, por "infracción muy grave" de la Ley del Suelo, al haber construido su vivienda familiar en "un terreno rústico de especial protección agrícola-ganadera", donde está expresamente prohibida cualquier edificación no vinculada a una actividad agraria, condición que no se cumple en este caso.

Según ha denunciado este viernes en rueda de prensa el portavoz del PRC y exalcalde, Juan José Perojo, María Antonia Cortabitarte ha construido su casa "ilegalmente" y lo ha hecho "consciente de la irregularidad" y "obviando" los requerimientos del Gobierno de Cantabria" para que acredite la vinculación de la casa a una actividad agraria, por lo que ha incurrido en una "omisión continuada y dolosa del requerimiento legal de subsanación de la documentación" y en la realización de obras en suelo rústico de especial protección "sin las autorizaciones y los requisitos exigidos por la ley".

Perojo, que ha comparecido acompañado por los concejales Alfonso Maza y María Higuera, ha explicado que la hoy alcaldesa solicitó en 1996, cuando ya era concejala en Medio Cudeyo, la autorización del Ayuntamiento para construir su vivienda en Heras, en una parcela de 5.335 metros cuadrados clasificada en las Normas Subsidiarias como no urbanizable de interés agrícola y ganadero.

El entonces alcalde, José Enrique Cacicedo (PP), remitió el expediente a la Comisión Regional de Urbanismo, una vez aprobado y justificado por el equipo de Gobierno "el interés social de la construcción", pero sin referencia alguna a la calificación urbanística del terreno.

Aunque la Comisión autorizó la solicitud, la Dirección General de Vivienda y Urbanismo solicitó posteriormente al alcalde acreditación documental de la existencia de la explotación ganadera que justificara la construcción y que -tal como ha precisado Perojo- "nunca ha existido".

Tres días después de recibir dicha notificación y conocer por tanto "la posible existencia de una irregularidad urbanística grave", el alcalde firmó el documento de ingreso de las tasas e impuestos municipales, paso previo a la entrega de la licencia de obras.

En consecuencia y dado que formaba parte de la Corporación, el portavoz regionalista ha asegurado que Cortabitarte "conocía la irregularidad detectada por la Dirección de Urbanismo", lo cual no le impidió llevar adelante la construcción de la vivienda e incluso ampliarla tiempo después, con una nueva edificación destinada a garaje y autorizada por el Ayuntamiento en 2001, "sin ninguna referencia al proyecto original", que incluía el garaje en la primera edificación, "ni a la situación urbanística de la parcela".

Para el PRC, la irregularidad de esa segunda construcción es "aun más grave", porque en este caso el acuerdo del equipo de Gobierno ni siquiera se remitió a la Comisión de Urbanismo, "ni a ningún otro organismo, pese a las exigencias legales para construir en este tipo de suelo".

Una construcción "manifiestamente ilegal"

"La señora Cortabitarte ha construido su casa y su garaje sin cumplir la exigencia legal que sí han de respetar el resto de los propietarios de suelo de especial protección agropecuaria en Cantabria, sin que su vivienda esté relacionada con ninguna explotación agraria y sabiendo que en estas condiciones la construcción es manifiestamente ilegal", ha recalcado.

A pesar del tiempo transcurrido, ha destacado que el Ayuntamiento "tiene competencias para actuar, de oficio o a instancia de cualquier interesado", porque la ley establece que para infracciones urbanísticas de estas características "no existe la prescripción".

Aunque fue alcalde entre 2003 y 2011, Perojo ha afirmado que sólo tuvo conocimiento de estos hechos dos días antes de abandonar su cargo, el 9 de junio de 2011, porque su gobierno "nunca" revisó las decisiones de sus antecesores. "Siempre supusimos que quienes nos precedieron habrían actuado igual que nosotros, con absoluto respeto a la legalidad y a las normas urbanísticas", ha precisado.

Al estar ya en funciones y ante la inminente toma de posesión de Cortabitarte como alcaldesa, no consideró "ni ético, ni responsable", explicó, realizar actuación alguna y prefirió dejar la documentación "en un cajón del Ayuntamiento". "Curiosamente, y a pesar del afán con que el Partido Popular se ha dedicado a abrir todos los cajones, éste ha permanecido cerrado", ha ironizado.

Además, ha dejado pasar un año "esperando en vano" que el nuevo equipo de Gobierno diera los pasos oportunos para "restablecer la legalidad urbanística", pero una vez constatado que "no tienen intención alguna de hacerlo", el PRC ha decidido dar el paso y exigir al Ayuntamiento que actúe "de inmediato y sin demoras".

"El Ayuntamiento no puede amparar esta gravísima irregularidad, por lo que apelamos a la responsabilidad del PP para enmendar esta penosa situación que nunca debió producirse en nuestro municipio", ha concluido.