La Delegación Territorial de la Junta en Segovia ha dictado una resolución en la que insta al Ayuntamiento de Segovia a que paralice cautelarmente las obras del inmueble en el número 25 de la calle San Marcos, que suscitó la polémica por su volumen y el presunto impacto visual negativo en la zona.

La Junta, a través de su delegado territorial, Javier López-Escobar, ha urgido también al Consistorio a que revise el expediente por el que se concedió la licencia de construcción.

El edificio, donde se prevén abrir apartamentos turísticos, generó el rechazo de instituciones y colectivos, entre ellas la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y los Amigos del Patrimonio, así como continuas acusaciones entre PP, PSOE e IU. Según sus detractores, su volumen y la altura proyectados suponen un obstáculo visual en el paisaje y monumentos como el Alcázar y la iglesia románica anexa.

Ante esta situación el Consistorio, y a instancias de IU, acordó recurrir a la Unesco para conocer su opinión al respecto y promover contactos con la propiedad para llegar a un consenso económico para resolver el asunto. La propiedad remitió una carta al alcalde en la que solicitaba 2,2 millones de compensación, una cantidad que según el PSOE debería ser asumida por la Junta.

El delegado territorial, quien ha ofrecido una rueda de prensa este viernes para tratar la polémica construcción, ha explicado que la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León contempla la obligación de las entidades locales de proteger y promover la conservación de los bienes que se ubiquen en su ámbito territorial y la adopción por parte de los consistorios de las medidas cautelares necesarias para defender y salvaguardar aquellos que se encuentren amenazados.

Ha señalado además que según determina la normativa es el Ayuntamiento, y no el Gobierno regional, el que redacta los planes urbanísticos y concede las licencias de construcción o de derribo.

Asimismo, ha recalcado que el Consistorio nunca solicitó autorización previa a la Comisión Territorial de Patrimonio para el proyecto, de manera que ésta, por el principio de congruencia que recoge la Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común, hizo el pronunciamiento que aquel le solicitó: un informe sobre el proyecto de ejecución para la construcción de vivienda unifamiliar y alojamientos turísticos.

Dicho informe carece de carácter vinculante, es orientativo y no origina derechos ni expectativas de derechos, según la Junta, que indica por tanto que el Consistorio pudo denegar la licencia si consideraba que, a pesar de ser ajustada al planeamiento urbanístico, era contraria a la normativa en materia de patrimonio.

La Delegación Territorial ha incidido también en que el Ayuntamiento tiene competencia para introducir en el planeamiento urbanístico las modificaciones necesarias para evitar o corregir estas situaciones y ha precisado que para ello siempre puede contar con el asesoramiento que precise de la Junta, "que puede ofrecerle su ayuda pero no puede suplir sus competencias".