El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente del grupo socialista en las Corts, Francesc Signes, ha presentado cerca de 1.000 preguntas dirigidas a la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y presidenta del Consejo de Administración de la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat (Epsar), Maritina Hernández, para averiguar el precio de la evacuación de fangos en las 460 estaciones depuradoras de la Comunitat Valenciana y la cantidad de agua tratada en ellas.

En un comunicado, el socialista ha señalado que su intención es conocer el precio al que la Generalitat está pagando la evacuación de lodo destinado a aplicaciones agrícolas, compostaje, arena, basuras y grasas de cada una de las depuradoras, ya que se trata de "un dinero público que sale de la cuota de saneamiento que pagamos todos los valencianos y valencianas en el recibo del agua".

Signes ha recordado que la investigación judicial del caso Emarsa "ha demostrado que se creó una infraestructura para defraudar y se ha llegado a pagar el triple de lo que valía el servicio de evacuación de lodos".

Ha agregado que "quienes durante la última década han sido los máximos responsables de la Epsar, el gerente José Juan Morenilla, y el jefe de explotaciones Ignacio Bernácer, están acusados de nueve delitos de corrupción y de fraude en el saqueo de la depuradora de Pinedo". Así, dado que Morenilla y Bernácer "eran los responsables de fijar los precios para el resto de depuradoras valencianas", el socialista ha señalado que "todo el sistema está bajo sospecha".

"escándalo de dimensiones insospechadas"

Signes ha subrayado que la Epsar "ha tratado de justificar en todos sus informes los precios que se pagaban a Emarsa incluso después de demostrarse que se pagó a empresas interpuestas que no hacían nada", por lo que —ha advertido— "estamos ante un escándalo de dimensiones insospechadas, porque los señores Morenilla y Bernácer han manejado en los últimos años miles de millones de euros".

Por último, se ha referido a la investigación que ha puesto en marcha la fiscalía de Valencia a raíz de una denuncia de la diputada socialista Carmen Martínez sobre la gestión de la Epsar y ha mostrado su temor de que Emarsa sea "solo la punta del iceberg", ya que "las empresas que debían de controlar lo que pasaba y no lo hicieron son las mismas, las personas que decían cuánto dinero público había que pagar por evacuación de lodos eran las mismas, y el partido que ha intentado taparlo para proteger a sus dirigentes es también el mismo, el PP", ha concluido.