Los nuevos inquilinos de 13.000 viviendas protegidas  tendrán que firmar un contrato por el que se comprometerán, entre otras cosas, a no jurar ni utilizar palabrotas en público.

Quien contravenga reiteradamente esa prohibición podrá perder la vivienda, según The Observer. A los que ya son inquilinos se los anima firmar ese contrato.

Es otro ejemplo más de las llamadas órdenes contra «el comportamiento antisocial» introducidas por el Gobierno laborista, y cuyo incumplimiento puede acarrear hasta cinco años de cárcel. A un enfermo mental de Teesside se le prohibió esnifar petróleo y a una mujer de East Kilbride se le ordenó no dejarse ver en el balcón o el jardín en ropa interior (se instruyó a los vecinos para que la vigilaran).