El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha abogado este miércoles por acometer el "saneamiento" de la política de gastos y de la estructura administrativa de la Junta andaluza "aprovechando" la puesta en marcha del plan de ajuste que exige un recorte presupuestario de 2.700 millones de euros.

Al tiempo, ha indicado que no le "cabe duda alguna" de que es "posible" lograr cumplir el objetivo de déficit "aminorando sustancialmente" la carga sobre los empleados públicos si el Gobierno que preside Mariano Rajoy cesa en una actitud con respecto al Ejecutivo autonómico que, a su juicio, "está llegando a nivel de extorsión".

Pastrana, quien ha participado en una asamblea informativa dirigida a todos los delegados de UGT en Almería, se ha mostrado convencido de que es el momento de aprovechar el contexto económico y financiero para "hacer una puesta a punto mediante una reestructuración general" de la administración autonómica encaminada, según ha explicado, a garantizar con "claridad y transparencia que cada euro público se optimiza al máximo y se emplea en acciones operativas para los ciudadanos".

En esta línea, y tras asegurar que la Junta andaluza está "haciendo gestos" que indican que está "dispuesta a negociar" con las organizaciones sindicales las condiciones del plan de ajuste, ha alertado de que el "problema" reside en la "vigilancia y el aviso permanente" del Gobierno central, que "amenaza con que si se modifica cualquier cosa intervendrá la región".

"La actitud y actuación del PP está ya en el nivel de acoso y cuestionamiento sistemático aunque está llegando al nivel de extorsión al poner en riesgo la capacidad y credibilidad financiera de la comunidad y, por ende, de España", ha asegurado el líder andaluz del UGT para quien el Ejecutivo de Mariano Rajoy "sigue instalado en el discurso electoral y está procediendo discriminatoriamente con Andalucía". "No se conoce que esté haciendo los mismos requerimientos a Valencia o Castilla-La Mancha cuando están más endeudados", ha apuntillado.

Pastrana ha asegurado que la propuesta para cumplir el plan de ajuste sin cargar a los empleados públicos pasa por "eliminar cualquier tipo de gasto que no sea absolutamente imprescindible o impida el normal funcionamiento de la administración y los servicios públicos" y entre las medidas ha concretado la eliminación de alquileres, el ahorro en insumos, la reducción del parque móvil o la revisión de la censantías.

Ha abogado, asimismo, por la reducción salarial de los altos cargos y la reducción en su número, la "reducción sensible" de complementos como el de productividad o la supresión de duplicidades en competencias y actividad.