La federación sevillana de Ecologistas en Acción ha celebrado este martes que el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla haya transformado en procedimiento abreviado la causa incoada contra los directivos de la compañía 'Cobre las Cruces', que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras, imputados por delitos de daños continuados y contra el medio ambiente. Tras el procesamiento de tres de los cuatro imputados, los ecologistas lamentan la "permisividad" de la Administración autonómica con la explotación minera.

La causa, cabe recordarlo, parte de la querella formulada en 2008 contra cuatro de los directivos de 'Cobre las Cruces', —filial de la multinacional cadaniense 'Inmet Mining'—, por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Los imputados, a quienes se les atribuía posibles delitos de daños continuados y contra el medio ambiente, eran el ya ex director general de la compañía Françoise Fleury, el director de Minas, William Thomas Willliams, el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

Pues bien, en un auto fechado el 9 de mayo y recogido por Europa Press, la juez Ana Escribano atiende a las peticiones de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, y ordena seguir las actuaciones mediante procedimiento abreviado contra Françoise Fleury, William Thomas Willliams y Paz Cosmen, ordenando el sobreseimiento de las diligencias por lo que se refiere a Juan Carlos Baquero.

Dado el caso, la organización ecologista ha recordado, en un comunicado remitido a Europa Press, su autoría a la hora de detectar los hechos y elevarlos a la Fiscalía. "El entonces comisario de Aguas de la CHG, Javier Serrano Aguilar, prohibió de manera ilegal el acceso de Ecologistas en Acción a los expedientes que se habían iniciado a raíz de nuestras denuncias y apartó de sus funciones a los técnicos que habían realizado los informes desfavorables a la mina", asevera el colectivo sobre los obstáculos cosechados durante todo el procedimiento.

Ecologistas en Acción ha explicado que gracias a sus actuaciones "y a la acción rigurosa del Juzgado número 19", la mina se ha visto obligada a "invertir 40 millones de euros en implantar los sistemas de depuración de aguas que tenían que haber instalado desde el principio".

"En contraste, las administraciones públicas, tanto la CHG como la extinta Consejería de Medio Ambiente, como las autoridades mineras de la Junta de Andalucía, autorizaron la reapertura de la mina en 2009, modificado las autorizaciones al capricho de la empresa e incumpliendo las legislaciones medioambientales y en materia de aguas".

Por ello, Ecologistas en Acción mantiene "vivos cuatro contenciosos administrativos", mientras Javier Serrano, como director general de la Junta, "ha permitido durante estos años a 'Cobre las Cruces' extraer ilegalmente más de dos millones y medio de metros cúbicos de agua del acuífero".