La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recordado al PP que el trabajo de fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) empresas en crisis otorgadas por la Junta se encuentra "en fase de borrador, en la primera fase del procedimiento de tramitación establecido en la normativa que rige la Cámara de Cuentas", por lo que, según ha apuntado "puede verse modificado de manera sustancial en su estructura y contenido".

El ente fiscalizador responde de esta manera después de que la portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, haya criticado este lunes la "paralización" de la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE irregulares, tramitados por la Administración andaluza, mientras que la Cámara de Cuentas siga "avanzando" en su investigación sobre los ERE y "apunta a la cúpula de la Junta y del PSOE-A" en relación a las responsabilidades políticas en este asunto.

En una nota, la Cámara de Cuentas ha insistido en que el trabajo de fiscalización citado se encuentra "en fase de borrador" y precisa que "ni siquiera ha sido analizado por el pleno de la institución".

La Cámara de Cuentas desconoce la procedencia del informe apuntado por el PP y ha dejado claro que "no se corresponde con ningún documento al que hayan tenido acceso los miembros del pleno y que pueda ser considerado documento oficial".

El ente fiscalizador considera que "la aparición de información no oficial", como la que alude el PP, "solo se puede interpretar como una forma de intentar limitar y condicionar la labor de los equipos de fiscalización y del pleno de la institución, poniendo en entredicho la independencia de la Cámara de Cuentas".

La Cámara de Cuentas ha puesto de manifiesto que este trabajo de fiscalización se encuentra en la primera fase del procedimiento de tramitación establecido en la normativa que rige la Cámara de Cuentas, "por lo que puede verse modificado de manera sustancial en su estructura y contenido", todo ello, "con independencia de las modificaciones que también pueda sufrir el documento como consecuencia de las aportaciones que realice el ente fiscalizado en la fase de alegaciones, prevista en la normativa".

Recuerda que el reglamento de la institución establece que "todo el personal de la Cámara de Cuentas está sometido a un especial deber de riguroso sigilo respecto de los hechos, datos o documentos que conoce por razón de su trabajo, por lo que el incumplimiento de este deber tiene la calificación de falta muy grave a efectos disciplinarios, sin perjuicio de que dicha conducta pudiera tener en algún caso la consideración de delito". La Cámara de Cuentas estudiará de manera inmediata la adopción de medidas que permitan aclarar este asunto.

La Cámara ha recordado que "como apuntamos en todos los trabajos de fiscalización, la adecuada lectura de los informes requiere que se tenga en cuenta su contenido global y cualquier abstracción hecha sobre un párrafo o epígrafe pudiera no tener sentido aisladamente considerada".

Precisa que el procedimiento que se está siguiendo con este informe "es exactamente igual al del resto de los trabajos de fiscalización que realiza la Cámara de Cuentas de Andalucía".