Sindicatos de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía han pedido este viernes que los recortes contemplados en el plan de ajuste aprobado por la Junta sean "progresivos" y demandan que se registre una reducción "significativa" de altos cargos.

Fuentes de CSIF, que han lamentado que no haya acudido a dicha mesa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha reiterado a Europa Press que los ajustes propuestos son "injustos, desproporcionados y arbitrarios" y ha pedido vías alternativas de ajuste "que no se centren solo en recortar el sueldo de los funcionarios".

Así, este sindicato exige la bajada del 30 por ciento en las retribuciones de altos cargos y parlamentarios, que los recortes en las remuneraciones "tengan una progresividad directa, entre empleados públicos y altos cargos". Además, demanda que también se aplique el criterio de progresividad en los conceptos de productividad en altos cargos.

CSIF lamenta que además "se suspendan derechos, como la reducción de jornadas y retribuciones de los interinos en un 15 por ciento" y ha recordado que "coste adicional que supone estos recortes para el personal de la Junta desplazado de sus lugares de origen". En ese sentido, pide que "desaparezcan plus de alquiler para altos cargos".

"Muchos interinos nos piden que la Junta los cese, porque si siguen trabajando pierden dinero por ir a su puesto", ha agregado CSIF, que ha considerado que "no hay dignidad, cuando se suspenden los premios a jubilación y no se suspenden las cesantías de los altos cargos".

"Hemos planteado un rosario de medidas alternativas y entre todos estamos planteando medidas alternativas para poder recortar, aunque nos decían hasta ahora que el margen de negociación del Capítulo 1 es nulo o casi nulo, esperamos que se criterio cambie", ha agregado CSIF que también critica las reducciones de complementos salariales entre el personal laboral, donde "un 75 por ciento del mismo son mileuristas y ahora cobrarán una cifra de tres dígitos; se está volviendo al siglo pasado".

Por su parte, fuentes de Safja, que además de suprimir las cesantías para altos cargos, piden que se arbitren medidas sobre arrendamientos y alquileres de sedes administrativas, habiendo edificios vacíos de la Junta de Andalucía, que se apliquen medidas sobre los abonos de retribuciones en especie a los altos cargos, o sobre la productividad de altos cargos, ha agregado.

El Safja, que advierte de que "no va a negociar absolutamente nada de este plan de recortes" y acudirá a las instancias judiciales correspondientes para "preservar los derechos, pisoteados una vez más, de los funcionarios públicos", ha exigido exige justificación oficial del motivo por el que no ha sido convocada la Faspi a las últimas dos mesas generales de Función Pública.

Safja critica que la Junta "responde de manera poco convincente las cuestiones que afectan a la defensa de los altos cargos y su mínima bajada retributiva con cuadros y números que no convencen a nadie".

Este sindicato pide explicaciones sobre los acuerdos adoptados en las mesas sectoriales de educación y sanidad, y se solicita se proceda a la no aplicación de la reducción de jornada al personal interino al igual que se ha determinado en esos foros.

Además este sindicato exige a Martínez Aguayo una "rectificación pública" sobre sus comentarios vertidos en una entrevista en la que "ponía en duda la legalidad en el acceso a la función pública andaluza de los funcionarios".

Valoración de ugt-A

Por su parte, fuentes de UGT-A han valorado el "cambio de actitud" de CSIF y Safja "quienes antes planteaban la suspensión de todas las subvenciones a los sindicatos y ahora piden que se mantengan", ante lo que aseguran a Europa Press que UGT "justifica cada uno de los euros que recibe hasta el último céntimo".

Asimismo, destaca a Europa Press que ambas centrales "acepten la propuesta de UGT y las tengan en cuenta, como cuando pedimos el cumplimiento del acuerdo alcanzado en noviembre de que ningún empleado público cobre menos de 1.000 euros".

UGT-A plantea además que "no puede haber pérdida de empleo público ni disminución de calidad en el servicio público" y ha exigido que los recortes "en todo caso sean progresivos y directamente proporcional a los ingresos de cada uno, de forma que quien más gane, más pague".

"Ningún empleado público puede tener un porcentaje de descuento total en sus ingresos anuales superiores a lo que suponga ello para el presidente de la Junta o viceconsejeros del Gobierno andaluz", ha agregado UGT.

UGT asimismo pide que "haya reducción notable en los cargos públicos de la Junta y que se aminore en el gasto corriente el uso de coches oficiales y todo lo que se ahorre sea posible sin merma en la calidad de los servicios públicos", tras lo que lamenta que la Junta "no detalle las cuantías del recorte que supone cada una de las medidas, queremos saber el detalle de los ajustes".