Pese a los 23.465 millones de euros de dinero público comprometidos hasta ahora, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial miran para otro lado, por ahora, en el escándalo de BFA-Bankia. Más allá de la retórica política de populares y socialistas –culpando al adversario de la gestión en Bankia y tildándose mutuamente de responsables en las cajas de ahorros que la formaron–, ninguno de los poderes públicos ha emprendido medidas concretas para depurar responsabilidades.

IU solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por el PP. El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, adelantó el domingo que la depuración de responsabilidades se llevará al Parlamento "cuando sea oportuno" y que habrá "información absolutamente de todo", aunque apeló al manejo de los tiempos y a que es lo mejor para España para aplazarlo por el momento.

El propio presidente de BFA-Bankia, Goirigolzarri,— tras reclamar otros 19.000 millones de euros adicionales a los 4.465 millones aportados en 2010 como préstamo y que hace unas semanas convertió en capital (acciones)— justificó el sábado al anterior presidente y descartó que pensara perseguir a los posibles culpables del agujero creado en la entidad.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción está recopilando todas las investigaciones abiertas contra bancos y cajas en toda España, sin concretar si lo hará con la entidad nacionalizada. Así  el Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha dado una orden a los delegados de la Fiscalía en todas las provincias para que le remitan información de todas las investigaciones que tienen en marcha sobre posibles irregularidades en bancos y cajas de ahorros

Este lunes, Bankia ha vuelto a cotizar en Bolsa tras haber sido suspendida su negociación el pasado viernes antes de la apertura del mercado. Como reacción al plan anunciado por el presidente de la entidad, sus acciones se desplomaban este lunes, arrastrando no solo al resto de bancos, sino también al Ibex-35.