El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobará el próximo martes la Ley de Medidas administrativas, económicas y finacieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos aprobado por el Gobierno de Ignacio Diego, que ha sido dictaminado este jueves por la Comisión de Presidencia y Justicia del Legislativo.

El proyecto de ley, al que los grupos parlamentarios han presentado 113 enmiendas parciales (46 del PSOE, 54 del PRC y 13 del PP), incluye medidas como la implantación del denominado 'céntimo sanitario' (impuesto sobre la gasolina), incremento del canon de saneamiento y la tasa de residuos, cambios en las condiciones del personal de la Administración, incluidos docentes y sanitarios; la supresión de los consejos Económico y Social (CES), de la Mujer y de la Juventud; y la reducción del número de diputados del Parlamento de Cantabria de 39 a 35, entre otras muchas medidas.

Si en el trámite de Ponencia se aprobó por unanimidad una única enmienda -del PP- de las 113 presentadas, en la fase de Comisión, celebrada este jueves, no ha habido acuerdo en ninguna propuesta parcial, de forma que únicamente se han incorporado al texto las 12 enmiendas que quedaban vivas del PP, grupo con mayoría absoluta que ha rechazado todas las enmiendas de PSOE y PRC, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Cuando el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, presentó el Plan de Sostenibilidad allá por el mes de febrero, explicó que el objetivo de las medidas en términos económicos era conseguir unos ingresos ode 157 millones de euros en el presente año 2012, cantidad que en el Plan de Reequilibrio Financiero presentado por el Gobierno de Cantabria al Ministerio de Hacienda, se ha incrementado en 80 millones de euros más, si bien Diego ha asegurado que este incremento no se va a traducir en nuevo recortes "en ámbitos sensibles".

La conocida como Ley de Ajustes modifica nueve leyes autonómicas: la Ley de Derechos y Servicios Sociales, la de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales, la de Tasas y Precios Públicos (de 1992), la de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración General de la Comunidad Autónoma, la de Finanzas, la de Cajas de Ahorro, la de Control Ambiental Integrado, la de Elecciones al Parlamento de Cantabria y la de Función Pública.

Asimismo, el proyecto de ley recoge la derogación de tres leyes: las de creación del Consejo Económico y Social (CES), del Consejo de la Mujer y del Consejo de la Juventud. Estos organismos consultivos quedan suprimidos, sus bienes pasan al Ejecutivo y, en el caso de los de Mujer y Juventud, se crean, para canalizar la participación de asociaciones y colectivos, dos Comisiones de Participación, de Mujer y Juventud, respectivamente.

El Gobierno defiende en su exposición de motivos que persigue propiciar la reducción del déficit, además de ahorros en el personal y el "redimensionamiento y flexibilización" de la Administración. El texto precisa que las medidas serán objeto de "revisión" en cuanto se reduzca el déficit público "estructural" y la minoración de la deuda pública, de forma que se permita la "garantía" de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La Ley de Ajustes suspende la obligación de convocar concursos periódicos de empleo público; fija un tope salarial por categorías para las empresas públicas, que este año no podrán realizar contrataciones de personal; incrementa la jornada laboral en el Servicio Cántabro de Salud; y se retira, con carácter general, la prolongación de la prestación en el servicio más allá de la edad de jubilación.

A estos cambios se suma la reducción al mínimo legal de delegados sindicales y otras medidas como el aumento del número máximo de alumnos por aula en Educación Secundaria. La modificación más extensa afecta a la Ley de Derechos y Servicios Sociales de 2007, en aspectos como los relacionados con la Renta Social Básica, que se somete a nuevas condiciones. En el campo de los servicios sociales, se crea una nueva tasa por la revisión de las valoraciones que se hagan de una situación de dependencia.

En la Ley de Control Ambiental Integrado, el acta de conformidad ambiental pasará a ser exigible "únicamente" a aquellas actividades que vayan a iniciar su funcionamiento después de la entrada en vigor de la ley (2006).

Orden del día del pleno

Tras la aprobación de la Ley de Ajustes, el Pleno del Parlamento, que se traslada al martes por ser el lunes fiesta local en Santander (la Virgen del Mar), continuará con el debate de una moción del PSOE sobre el cierre de la residencia La Pereda, y otra del PRC sobre planificación urbanística y el Plan Especial de la Bahía de Santander.

Asimismo, se debatirá una proposición no de ley del PSOE relativa a la aprobación del Plan de Acción de calidad del aire en Torrelavega, y una iniciativa regionalista del mismo rango para "rechazar la injusticia del trato dispensado a la Comunidad Autónoma" en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, el PRC interpelará al Gobierno sobre los criterios de jerarquización de prioridades, de evaluación del calado de las medidas que se vienen adoptando y de las pendientes de ejecución sobre el conjunto de los empleados públicos y sobre la prestación de servicios esenciales; así como sobre la coyuntura del sector automovilístico y actuaciones previstas con el fin de paliar esa "grave situación".

Por su parte, el PSOE interpelará al Ejecutivo sobre el "difícil momento" que está viviendo el sector ganadero, y también preguntará por los efectos de la "drástica reducción" de las partidas de Investigación y desarrollo contempladas en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, así como las razones por las que los abogados y procuradores que participan en el turno de oficio no reciben las indemnizaciones que les corresponden.

Universidad privada

De su lado, el PRC formulará al Gobierno una batería de preguntas, diez en total, sobre la universidad privada de la Fundación Funiber. El diputado Francisco Javier López Marcano preguntará en concreto al Gobierno por su colaboración en la puesta en marcha de la universidad privada, gestión de la instalación de Funiber en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), concesión de ayuda pública y contactos con la Fundación Funiber para la creación de una universidad en Santander.

También quiere saber la relación de la Fundación Funiber con empresas, grupos inversores, sociedades o entidades ya implantadas en Cantabria, y su vinculación en el futuro con las mismas; "competencia" para la Universidad de Cantabria por la creación de una universidad privada en Santander, cuando además "al tiempo se llevan a cabo recortes en los recursos de la UC; y por último, valoración de la preocupación expresada por el rector de la UC sobre la instalación en Santander de una universidad privada.

El Pleno concluirá con una pregunta del PP sobre débito de la revisión de precios de obras recepcionadas o próximas a su finalización.