La sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge este jueves a partir de las 10,00 horas un juicio contra S.T.T.W., un ciudadano de Taiwan, al que la Fiscalía pide seis años de prisión y una multa que supera los 8.000 euros, por presuntos delitos de favorecimiento del tráfico ilegal de personas y de coacciones.

Según reza en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a mayo de 2010 cuando el acusado, sin antecedentes penales y que se encontraba establecido en España con anterioridad a la fecha de los mismos, se dedicaba a la explotación de una instalación industrial sita en las inmediaciones de la carretera 472 en La Palma del Condado.

El problema comienza cuando, en colaboración con otras personas desconocidas contra las que no se dirige el presente escrito, procedió en los primeros meses del año 2010 a contactar en China con diversos ciudadanos de dicho país, "prometiéndoles trabajo en España en la citada empresa, un salario mensual de 1.200 euros mensuales, así como que la compañía correría con los gastos de alojamiento y manutención".

Del mismo modo, les decía que la empresa se encargaría de todas las gestiones del viaje y de los gastos con la finalidad de que permanecieran en territorio nacional en "situación irregular, una vez finalizado el plazo de vigencia del visado que les fue concedido".

Con esta estrategia, el acusado convenció a tres ciudadanos chinos para que accedieran a trasladarse a España en esas condiciones efectuando el viaje por vía aérea y llegando a Sevilla el día 18 de mayo de ese mismo año.

Así, estos ciudadanos comenzaron a trabajar al día siguiente de su llegada a España, sin que por el mismo se le firmara contrato alguno ni se les diera de alta en la Seguridad Social al carecer de permisos de residencia y trabajo, asegurándose así que no abandonarían la empresa al retenerles la documentación personal.

Tras trabajar cinco meses para el acusado sin cobrar ningún salario, los perjudicados le reclamaron el pago del dinero que les adeudaba y la devolución de sus pasaportes negándose reiteradamente a ello hasta que accedió finalmente a devolvérselos el día 26 de septiembre, sin hacerle pago alguno por los salarios atrasados.

Como responsabilidad civil, la Fiscalía le pide a este ciudadano una indemnización a los perjudicados con las cantidades adeudas por el tiempo trabajado, en el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 26 de septiembre de 2010, y haciendo uso de los instrumentos de Cooperación Judicial Internacional para la efectividad de dicha indemnización.