Las asociaciones y sindicatos a favor de la dación en pago han pedido "la participación ciudadana y la sensibilización de la clase política" para modificar la ley hipotecaria, por la cual en Asturias se han producido 768 desahucios a lo largo de 2011 y un total de 3.937 desde el inicio de la crisis, en 2007, hasta el año pasado.

Los representantes de estos organismos —CCOO, UGT, EAPN, Cavastur y la Plataforma de afectados por la hipoteca— han entregado este miércoles a la procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, el manifiesto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.

En la rueda de prensa posterior, el representante de la Confederación Asturiana de Asociaciones Vecinales (Cavastur), Ángel Luis Rubio, ha explicado que el objetivo de la IPL es impulsar la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, que fija que el deudor, además de perder la propiedad de la vivienda, mantiene una deuda consistente en la diferencia entre el importe del préstamo y el valor de la adjudicación en la subasta, que puede ser del 60 por ciento del valor del préstamo.

Por contra, plantean la paralización de los desahucios y la posibilidad de reconvertir las hipotecas impagadas en alquileres sociales.

Se trata, en definitiva, de que la legislación se adapte al actual contexto de crisis económica, que ha llevado a que en España se registren casi 350.000 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011.

Esta iniciativa exige la recogida de firmas en todo el país, 500.000 como mínimo. La campaña comenzó hace quince días y, por el momento, está teniendo una "gran acogida" entre la ciudadanía. El plazo para presentar las rúbricas acaba el 31 de octubre.

Por su parte, la Fernández Felgueroso ha dado su apoyo a esta plataforma, ya que se trata de un tema de "máxima gravedad" que está conduciendo a quienes lo padecen a la "desprotección social".

Por ello, ha dicho que desde Asturias, aunque sea un asunto de competencia estatal, acudirán al defensor del pueblo para que traslade a las Cortes esta propuesta y la ley termine por modificarse "en favor de los ciudadanos".