La concejala del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Consol Castillo está estudiando presentar una denuncia ante los juzgados contra el edil de Fiestas y Cultura Popular, Francisco Lledó, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León, "por haber contravenido las normas de seguridad" en los hechos ocurridos el pasado 12 de mayo, cuando, tras la manifestación celebrada para conmemorar el aniversario del movimiento del 15M, un grupo de personas irrumpió en el recinto vallado de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, preparado para una 'mascletà'.

Para la coalición, "se puso en riesgo, innecesariamente y solo por cuestiones estrictamente políticas e ideológicas animadas por la alcaldesa Rita Barberá, la vida de muchos manifestantes, que ejerciendo su derecho y amparados en una autorización de la Delegación del Gobierno, participaban en la manifestación ciudadana del 15M".

En un comunicado, Castillo ha explicado que "el 26 de abril del 2012, el regidor de Fiestas, Francisco Lledó, solicitó permiso a la Delegación del Gobierno para la celebración de un castillo de fuegos artificiales para la noche del 12 de mayo en la antigua cama del río Túria".

Por su parte, "el 8 de mayo la plataforma ciudadana 15M recibió autorización de la Subdelegación del Gobierno para celebrar una manifestación el día 12 de mayo, con finalización en la plaza del Ayuntamiento".

A partir de aquí, según la representante de Compromís, "se produjo una sucesión de incumplimientos legales muy graves, cuyos responsables deben responder penalmente".

Para Compromís, "el primer incumplimiento es que el señor Lledó, el 10 de mayo, cambió la solicitud anterior, de fecha del 26 de abril, para hacer una mascletà de colores la noche del 12 de mayo, en la plaza del Ayuntamiento, en vez de un castillo de fuegos artificiales en el cauce del río Túria". "Este cambio supuso un claro abuso de autoridad y una desviación de poder", reprocha Castillo, que añade que "en la intranet del Ayuntamiento todavía está colgada el anuncio del castillo de fuegos artificiales en el río".

En cuanto a la Delegación del Gobierno, siempre según estas fuentes, incurrieron en un "presunto delito de prevaricación dado que, de acuerdo con la normativa vigente (Real decreto 563/2010, de 7 de mayo), las solicitudes de espectáculos públicos deben ser solicitadas en una antelación mínima de 30 días y su celebración debe contar con una autorización expresa, dictada por la subdelegación del gobierno".

Castillo ha hecho énfasis que la solicitud primera ya no se presentó en 30 días de antelación, pero "lo más sorprendente es que el cambio se hizo sólo a 48 horas antes del evento, lo que confirma que se forzó la maquinaria legal por motivaciones estrictamente ideológicas y para conseguir crispar el ambiente social".

Por otro lado, apunta, de acuerdo con el artículo 348 del código penal, "la actividad chulesca del señor Lledó, en todo el asunto, le podría comportar, además de la multa y pena de prisión, una inhabilitación especial para cargo público de seis a doce años".

"Y la actividad irresponsable de la delegada del Gobierno —agrega—, al no impedir la mascletà del día 12 en la plaza del Ayuntamiento cuando el 8 de mayo había autorizado una manifestación que había de acabar en la mismo plaza, podría ser tipificada de prevaricación, según el artículo 404 del Código Penal".

"infracción legal"

Desde Compromís consideran "una infracción legal que el Ayuntamiento cambie dos días antes de la celebración del espectáculo pirotécnico su emplazamiento, para hacerlo coincidir en la finalización de la manifestación", insiste.

Por ello, Castillo se pregunta: "si el Ayuntamiento tenía autorización expresa de la Delegación del Gobierno, por qué dejó que la manifestación, que tenía autorización, pasara al lado de los fuegos de artificio y, si no tenía autorización, por qué la Delegación del Gobierno consintió que se montaran los fuegos". "Sea cómo sea, hay una negligencia y presuntas responsabilidades penales que hay que averiguar", sentencia la edil.

Por último, Castillo afirma es "absolutamente impresentable que Rita Barberà quiera ahora desviar la responsabilidad hacia las personas que convocaron o participar en la manifestación y no asumir la responsabilidad de cambiar arbitrariamente, con la voluntad de crispar, el lugar de celebración sin autorización y no garantizar la debida protección de la zona de fuegos, sin la dotación policial suficiente para proteger un material tanto peligroso".