El presidente de EEUU, George W. Bush, ha criticado la decisión de una jueza de ordenar la interrupción de las escuchas internas avaladas por su Gobierno y aseguró que quienes apoyan esa resolución no entienden el mundo actual.

Las personas que aplauden la decisión de la magistrada que tachó de inconstitucional el llamado programa de vigilancia terrorista, "simplemente, no comprenden la naturaleza del mundo en el que vivimos", subrayó el presidente.

Bush expresó su confianza en que saldrá adelante la apelación presentada por su administración contra esa resolución judicial.

Bush reiteró que el programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos puesto en marcha por la Agencia Nacional de Inteligencia se ajusta a la legislación vigente y es una herramienta clave en la lucha contra el terrorismo.

"Yo puse en marcha este programa. Creemos totalmente que es constitucional y, si (la red terrorista) Al Qaeda llama a EEUU, queremos saber por qué lo hace", remarcó.

Bush incidió en que los terroristas siguen intentando "venir y matar gente".

Este país está en guerra, según el mandatario estadounidense, quien añadió que "debemos dar, a quienes tienen la responsabilidad de proteger EEUU, las armas necesarias para que protejan este país".

Una de esas armas es el controvertido programa de espionaje que el Gobierno hará todo lo posible por mantener, pese a la resolución de la jueza federal de Detroit (Michigan), Anna Diggs Taylor, en la que solicita la interrupción inmediata del mismo.

Declaran inconstitucional el espionaje doméstico

Una jueza federal de Detroit ha ordenado interrumpir de forma inmediata las escuchas telefónicas sin autorización judicial que el Gobierno de EEUU puso en marcha en su plan nacional antiterrorista.

Según la magistrada, Anna Diggs Taylor, ese programa es inconstitucional porque viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos, así como la separación de poderes que consagra la Constitución estadounidense.

Su fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, en inglés) contra el controvertido programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos del Gobierno del presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Los demandantes se han impuesto y el interés público de este asunto es claro", señala la juez en su decisión.

La ACLU había denunciado el programa en representación de un grupo de periodistas, abogados y profesores, argumentando que su trabajo se veía dificultado porque sus contactos en el extranjero, como fuentes o testigos potenciales, podrían mostrarse recelosos a compartir información por teléfono.

En la presentación de los argumentos orales, el Departamento de Justicia, en representación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) -que es la que puso en marcha el programa-, argumentó que la iniciativa es totalmente legal y una pieza clave en la lucha del Gobierno contra el terrorismo.

La "bomba" de The New York Times

La polémica en torno a este asunto fue desvelada por la prensa a finales de 2005, aunque cobró una mayor dimensión el pasado mes de junio, cuando el diario The New York Times publicó que la NSA había recogido información sobre decenas de millones de comunicaciones telefónicas de personas y empresas en EEUU, que reunió en una enorme base de datos con el propósito de detectar amenazas terroristas.

El presidente Bush ha reiterado por activa y por pasiva que el programa es una pieza vital para la defensa de los intereses nacionales.