Las federaciones de servicios públicos de UGT-A y CCOO-A llevarán a cabo durante mayo y junio diversas concentraciones, caceroladas y manifestaciones en contra de los últimos ajustes planteados por la Junta de Andalucía y ha anunciado que convocarán un referéndum para el 18 de junio para todos los empleados públicos afectados por estas medidas, donde votarán si quieren o no que se convoque huelga general.

Según indica UGT-A en una nota, el sindicato se ha reunido acordando una serie de medidas para adoptar en defensa de los empleados públicos y de los servicios públicos en vistas de las últimas propuestas planteadas por el Gobierno autonómico.

Estas medidas, que han sido consensuadas también con CCOO, consisten en concentraciones el día 25 de mayo en todos los centros de trabajo de 10 a 11 horas; concentraciones todos los lunes siguientes —28 de mayo; y 4, 11, 18 y 25 de junio—, a la misma hora y lugar; caceroladas en todas las provincias en las delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía, el próximo 6 de junio; y manifestaciones el 21 de junio de junio en todas las provincias andaluzas.

El próximo 18 de junio, se celebrará un referéndum para todos los empleados públicos afectados por estas medidas, en el que votarán si quieren o no que este sindicato convoque huelga general.

"Todo trabajador público podría votar, UGT se pone a disposición de la voluntad de los trabajadores, para puedan opinar si quieren huelga general o no, y si quieren que ésta dure un día, dos, tres o indefinidamente", ha agregado el secretario general de

Fsp ugt-A, Antonio Tirado, quien deja claro que el sindicato "no quiere abocar directamente a un huelga general sin saber si los trabajadores la apoyarían, si se lleva a cabo esa huelga queremos que sean los trabajadores quienes la soliciten".

UGT-A ha desmentido las "acusaciones falsas" de otras organizaciones, que solo buscan "manchar su nombre en vez de trabajar por los derechos de los trabajadores" y apunta que ante dichas "calumnias", el sindicato quiere dejar claro rotundamente que "jamás ha firmado, acordado o negociado ningún tipo de recortes, de ajustes de presupuestos, ni de hecho nunca se hará mientras dicho recorte conlleve bajada de sueldo de los empleados públicos, pérdida de empleo, merma de servicios públicos a los ciudadanos, pues aquí siempre se defenderá que en tiempo de crisis es cuando más necesidad hay en el ciudadano de recibir servicios públicos y mantener su empleo".

Por ello, el sindicato va a comenzar los próximos días una campaña en defensa de los servicios públicos, pues "no va a permitir que empresas públicas ni servicios públicos pierdan en calidad o cantidad de los servicios que prestan a los ciudadanos, ni se aumente de esta manera el número de desempleados de nuestra comunidad autónoma ni por último, tampoco a permitir que se les vuelva a recortar el sueldo a los empleados públicos".

"Desde aquí quiero enviar un mensaje al conjunto de Gobierno de nuestro país, de responsables políticos: que mire para otro lado, que los empleados públicos no somos los causantes y somos los únicos que estamos viviendo un auténtico sacrificio por esta crisis", apuntaba Tirado.

Asegura que el sindicato estará dispuesto a hablar con el Gobierno andaluz de la posibilidad de ajustar el presupuesto andaluz, "cuando se mire el recorte en otras plantillas, y cuando nos pongan las cuentas claras encima de la mesa, pues tenemos muchas dudas y lagunas, no sabemos cuánto montante económico supone el recorte en las diferentes partidas que proponen recortar de los presupuesto de la comunidad autónoma".

Consideran que "es un dato que la sociedad debería conocer, creemos que con las cuentas claras se podría ver otras partidas de las que recortar que no vayan en busca del recorte del empleo y el servicio público y en pro de la privatización y por tanto del a pérdida del sistema que hoy tenemos y que si no luchamos por esto perderemos toda la sociedad".

Todas estas medidas que UGT pretende llevar a cabo serán trasladas a otras organizaciones y asociaciones que estén en la misma línea de defensa de "lo público".

Según los cálculos del representante sindical, el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales "supondría la pérdida de 30.000 empleos en la función pública".