El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 53 enmiendas a la ley de recortes del Gobierno de Cantabria con las que añade "progresividad y justicia" al texto.

La mayoría de medidas son de "adicción", con un "ánimo constructivo", para "si es posible facilitar el acuerdo", aunque también las hay de supresión, relativas a la organización de la Administración, sanidad y educación, y a los derechos sociales.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Grupo PRC, Rafael de la Sierra, quien ha estado acompañado de varias de las diputadas regionalistas, encargadas de la redacción de las enmiendas a la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la comunidad.

De la Sierra ha explicado que las enmiendas son fruto de un análisis "detallado" del proyecto del Gobierno, al que se plantean alternativas, aunque también se oponen a la modificación de la organización administrativa "por falta de justificación" y porque estas medidas "atacan directamente a los derechos sociales" de usuarios, trabajadores y funcionarios.

De hecho, ha afirmado que el ahorro del Gobierno en cuestión administrativa "no es creíble" y ha advertido de que si la modificación de la ley sale adelante su efecto directo será "más costoso" además de que indirectamente repercutirá en un "mucho peor servicio", lo que también implica un coste".

El diputado, aunque ha subrayado la necesidad de adoptar medidas "porque la situación lo exige", ha señalado que con las implementadas por el Gobierno "da la sensación" de que éste no sabe lo que ahorra". "Se habla de 157 millones pero no se sabe por qué", ha apostillado el regionalista, para quien estas propuestas parecen presentadas "a boleo", en un proyecto que adolece de "precipitación, ligereza y falta de rigor".

Frente al mismo, el PRC propone una serie de medidas de carácter fiscal, que introducen el principio de progresividad, que evitan afectar a las rentas más bajas y pretenden fomentar la actividad económica. Entre otras, proponen el incremento del 10% en el canon de saneamiento —parte variable— y en la tasa de basuras o la recuperación del Impuesto de Sucesiones para más de 400.000 euros.

Sin embargo, se opone a la imposición del céntimo sanitario por su previsión de ingresos "equivocada" y otros efectos que pudieran resultar "perjudiciales", y a la eliminación de la tasa por discapacidad, que los regionalistas sí aceptarían si se aplica "de otra manera".

En cuanto a las empresas públicas, están de acuerdo con la limitación de los sueldos de los empleados; y piden la autorización del Parlamento para la constitución de sociedades de más de 30 millones de capital.

En materia de organización, De la Sierra ha denunciado que la mayoría de medidas en educación, sanidad y administraciones públicas se han adoptado con una "ligereza increíble" por lo que ha reclamado su supresión.

Así, los regionalistas están en contra del aumento de la jornada laboral y de la prolongación de la permanencia en activo porque, tal como ha afirmado la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, "no es posible hacer un cálculo del ahorro" que suponen, además de que, en opinión del PRC, "atacan" a derechos de los trabajadores y a la conciliación y suponen un "deterioro" de los servicios. "La irresponsabilidad y ligereza con que se han planteado nos ha sorprendido", ha admitido De la Sierra.

La alternativa que plantean los regionalistas es que la ley contenga la obligación del Gobierno de realizar una planificación y ordenación de los recursos humanos en los ámbitos de Presidencia, Economía, Sanidad y Educación. Con este plan, las medidas se fundamentarían "con conocimiento", y no como ahora, con una "precipitación" que ha generado "malestar" en estos ámbitos.

Por otra parte, De la Sierra ha calificado de "impresentable" que la Renta Social Básica sea "la estrella" de las medidas del Gobierno, con una "falta de justificación y sensibilidad" a la que incluso se han opuesto órdenes religiosas y de asistencia social "vinculadas al PP", que "están aterradas de estas políticas".

En cuanto a la eliminación de órganos de participación como el Consejo Económico y Social (CES), el de la Mujer y el de la Juventud, según el Gobierno por motivos económicos, el PRC propone, de acuerdo con sus miembros, mantener los tres consejos "prácticamente sin coste económico", puesto que sus miembros están dispuestos a renunciar a dietas "y cualquier gasto", empezando por el CES, que podría tener un coste anual de 80.000 euros.

El PRC sí está de acuerdo con los artículos de la ley relativos a Caja Cantabria o el sistema especial de pago de deudas atrasadas, entre otros.

Finalmente, los regionalistas proponen establecer una vigencia de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que demuestra la "provisionalidad" de las mismas.