Detenidas dos responsables de una ONG de Melilla acusadas de "falsedad documental" en salvaconductos a marroquíes

La 'número dos' de la ONG Asociación Mujeres por la Igualdad de Melilla se ha entregado las fuerzas de seguridad al saber que estaba siendo buscada para su detención. Todo ello después de producirse el lunes el arresto de la presidenta de esta organización no gubernamental por su supuesta implicación en un caso de falsedad documental relacionada con "salvoconductos" que lograban para marroquíes a los que se prestaría atención médica especializada en la Península.

La 'número dos' de la ONG Asociación Mujeres por la Igualdad de Melilla se ha entregado las fuerzas de seguridad al saber que estaba siendo buscada para su detención. Todo ello después de producirse el lunes el arresto de la presidenta de esta organización no gubernamental por su supuesta implicación en un caso de falsedad documental relacionada con "salvoconductos" que lograban para marroquíes a los que se prestaría atención médica especializada en la Península.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la entrega a las fuerzas de seguridad españolas se ha producido en la frontera de Farhana al encontrarse en Marruecos la dirigente de la ONG el día que detuvieron a su presidenta por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla.

Tanto la presidenta de 'Mujeres por la Igualdad', que llevaba desde el lunes detenida por la Unidad Contra Redes De Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (U.C.R.I.F.) de la Jefatura Superior de Policía, como su 'número dos', han sido interrogadas en dependencias policiales y está previsto que ambas pasen a disposición judicial en las próximas horas.

Según las citadas fuentes, "el caso, que podría tener sus ramificaciones en la Península, en ciudades como Algeciras (Cádiz), está abierto y no se descartan más detenciones".

Asimismo, han indicado que la investigación se inició hace cerca de un año por unos hechos que podrían remontarse a 2006 y años siguientes, relacionados con los salvoconductos entregados a personas de nacionalidad marroquí en principio enfermas o a sus acompañantes, y que finalmente pudieran haberse quedado en el país irregularmente.

Todo arrancó, según han apuntado, después de la denuncia de una familia que habría logrado dichos salvoconductos y que después habrían sido presuntamente "extorsionados" para pagar por habérsele concedido dichos papeles que les permitieron viajar a la Península y ser atendidos médicamente o permanecer en el país ilegalmente.

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