La defensa de la que fuera trabajadora de Mensajeros de la Paz Graciela L.B, acusada de asfixiar a tres menores discapacitados de cuyo cuidado se hacía cargo en el centro que dicha ONG posee en Boecillo (Valladolid), considera inimputable a la procesada y solicitará su internamiento en un centro psiquiátrico durante el tiempo mínimo imprescindible.

La representación legal de la excuidadora entiende que el día de autos su patrocinada se encontraba sumida en un estado de enajenación mental transitorio y por ello exime a ésta de cualquier responsabilidad penal, si bien, como medida de seguridad, ve necesario que Graciela L.B. sea sometida a tratamiento psiquiátrico en un centro adecuado y durante el tiempo mínimo imprescindible, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Su postura, sin embargo, contrasta con la del Ministerio Fiscal y las tres acusaciones particulares personadas en la causa, ya que todos tipifican los hechos como delitos de asesinato y coinciden al solicitar 20 años de prisión por cada uno de ellos y la prohibición de residir en Valladolid, Salamanca o Burgos por tiempo superior a siete años al de las condenas, sintonía que, sin embargo, no se da en el capítulo de responsabilidad civil por cuanto la acusación pública interesa indemnizaciones que suman 150.000 euros y los familiares de las víctimas cantidades que suman 500.000 euros.

En el caso concreto del niño de 9 años Daimer E.Q, el representante legal de la familia reclama 200.000 euros, mientras que el progenitor de Miguel Ángel S.C, de 14 años, solicita otros 200.000 euros, de ellos 50.000 para un hermano menor de la víctima, y los padres de David G.C, de 3 años, una indemnización de 100.000 euros, en todos los casos con responsabilidad civil subsidiaria de Mensajeros de la Paz, la asegurada de dicha ONG y la Junta de Castilla y León, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

La acusada del triple crimen será finalmente juzgada por un jurado popular, ya que las partes personadas en la causa, que en las últimas semanas trataban de pactar la condena, rompieron finalmente las negociaciones tras alcanzar un principio de acuerdo consistente en una pena global de 45 años de cárcel, a razón de 15 años por cada asesinato, pero no llegaron al consenso necesario en el capítulo indemnizatorio.

Gabriela L.B, de 55 años y natural de Uruguay, se ha escudado hasta ahora que no recuerda nada de lo ocurrido el día de autos y ha venido sosteniendo que su único propósito era el de quitarse la vida, si bien lo cierto es que tres niños discapacitados de 3, 9 y 14 años que tenía a su cargo aparecieron el día 15 de agosto del pasado año muertos en su habitación y con sus cabezas cubiertas con papel de cocina film en el centro 'Nuevo Amanecer' de Mensajeros de la Paz sito en el número 1 de la calle Almendro, en la urbanización El Moral de Boecillo. La autopsia constató como causa de la muerte la asfixia mecánica.

IMPUTABLE

El informe forense realizado a la detenida sobre su estado mental determina su imputabilidad, es decir, que es responsable a los efectos de responsabilidad penal, y ello a pesar de reconocer que se trata de una mujer que sufría un trastorno adaptativo, así como que tenía depresiones y había estado en tratamiento.

De hecho, la acusada ya protagonizó un intento de suicidio el 10 de septiembre del pasado año, cuando, de forma voluntaria, se arrojó desde una terraza del Centro Penitenciario de Valladolid y sufrió diversas fracturas, mientras que dieciocho días después, cuando se recuperaba de las lesiones en el Clínico Universitario, aprovechó un descuido de los sanitarios para abrirse los puntos de la herida.