El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, ha retocado la normativa que regula las explotaciones agrarias prioritarias para incluir a unas 5.000 en el grupo y facilitarles beneficios fiscales y darles prioridad en las ayudas y en la adjudicación de cuotas de producción.

Con los cambios introducidos en la normativa, la Conselleria calcula que pasarán de 11.000 a 16.000 las explotaciones prioritarias.

"Hemos aprovechado el decreto para flexibilizar estas condiciones de cara a que pueda acceder más gente a las condiciones de explotaciones prioritarias", ha asegurado este martes en Lleida el director general de Desarrollo Rural del Govern, Jordi Sala.

La finalidad es, según Sala, poder consolidar una serie de explotaciones que están a veces en el límite de ser viables o no y que gracias a tener estas ayudas pueden pasar a ser viables.

Los retoques afectan a la ley española y catalana y la interpretación es atrevida: "Creo que en esta vida si no eres un poco atrevido no avanzas mucho, y es lo que hemos intentado", ha reconocido Sala, que ha hecho estas declaraciones acompañado de la directora, Cristina Bosch.

Desde el punto de vista territorial, antes se podían acoger todas las explotaciones que tuvieran una unidad de trabajo, lo que el sector conoce como UTA y en la práctica supone 1.920 horas semanales, y en las zonas de montaña las que tuvieran un 0,8.

La Conselleria ha añadido a las características de zonas de montaña las desfavorecidas y las incluidas en la Red Natura 2000: "Es un retoque, a nivel territorial prácticamente el 40% del territorio se puede acoger", ha apuntado Sala.

Otro requisito era el rendimiento en sus ingresos de renta, para que puedan entrar más agricultores, y lo que ha hecho el departamento es considerar los ingresos brutos y no los netos, como hasta ahora.

"sutil pero importante"

"Es una modificación sutil pero importante", según Sala, para quien muchos agricultores estaban excluidos porque ganaban muy poco.

Una de las limitaciones que tenían las explotaciones prioritarias era la exigencia de cotizar en la Seguridad Social en el régimen agrario, y el decreto permite a titulares de explotaciones agrarias estar afiliado a cualquier régimen de la Seguridad Social.

El decreto da facilidades a la mujer para incorporarse como titular en el medio rural: "Hemos introducido una cláusula de discriminación positiva, si antes se pedía una UTA, si se incorpora una mujer lo pasamos a 0,8, lo hemos bajado", ha explicado el director.

La Conselleria ha puesto en marcha un sistema integrado de datos de explotaciones con el que quiere dar la vuelta a su relación entre agricultores y ganaderos.

"Hasta ahora pedíamos mucha información (a los agricultores y ganaderos) y no dábamos nada. A partir de ahora ofreceremos porque consolidaremos todos sus datos y ellos podrán tener acceso", ha contado Sala.

Ha agregado que, a largo plazo, la Conselleria aspira a funcionar como la Agencia Tributaria, que tiene de antemano todos los datos del contribuyente.

En la presentación del sistema, Sala ha avanzado que este año la Conselleria ha recibido 60.000 expedientes de la Declaración Única Agraria (DUN), 2.000 menos que el año pasado.

A la espera de que se agoten plazos de alegaciones, el Govern tiene pendiente analizar las circunstancias que han llevado al descenso.