Un grupo de militantes "de todo tipo" del PSOE de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado su intención de pedir a los órganos de dirección del partido "una suspensión cautelar de la militancia" de la exalcaldesa, actual concejal y secretaria local del PSOE jerezano, Pilar Sánchez, por las diferentes causas que tiene abiertas en los juzgados, principalmente por el denominado 'Caso PTA', por el que hay más de diez personas imputadas, entre ellas la exalcaldesa, antiguos delegados municipales y funcionarios.

Según han indicado a Europa Press fuentes del PSOE jerezano, ante la "gran preocupación" que hay en un grupo de militantes del partido "por lo que está ocurriendo en relación al PTA", y tras una "profunda reflexión", han decidido enviar un escrito "al provincial, al regional y al federal" instándoles a que "tomen medidas" para "salvar la imagen del partido". A su juicio, esas medidas pasan por la suspensión cautelar de militancia de Sánchez.

Las mismas fuentes han considerado que esa decisión permitiría a la exalcaldesa "defenderse sin el peso del partido" y "no dañar al PSOE", siendo esta una opción que, según refieren, se ha seguido en otros casos a escala regional.

De igual modo, opinan que al ser Pilar Sánchez "la cabeza visible" del partido "arrastraría a los demás"; en referencia al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Lebrero, o la exdil socialista Carmen Martínez, ambos imputados en el mencionado caso.

Por ello, han avanzado que el mencionado escrito "se está perfilando" para dejar en manos de los órganos de dirección del partido la decisión última ante el "daño" que entienden que están causando los procesos judiciales abiertos contra Sánchez, por su condición de "cabeza de cartel, diputada provincial y responsable institucional del PSOE".

Según han confirmado fuentes judiciales, el Juzgado número cinco de Jerez acaba de finalizar la instrucción y ordena la apertura de juicio oral -a falta de la resolución de los recursos planteados— a Sánchez y al resto de imputados por el 'Caso PTA', que se abrió hace dos años tras una denuncia del PSA por la supuesta cesión ilegal de ayudas, con una rebaja de 250.000 euros en el precio estipulado, para dos empresas que se instalaron en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) de la localidad.