La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este lunes que el anterior Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) "encargó y desoyó" un informe sobre el análisis arquitectónico y la posibilidad de usos de La Pereda que determinaba que las obras para convertir y adaptar la entonces Residencia Marcano a un centro de atención a personas dependientes "no era viable" pues costaba nueve millones de euros.

Durante una interpelación sobre el cierre de La Pereda, Sáenz de Buruaga ha explicado que el informe, realizado en 2006 por Versus Consultores por encargo del Gobierno regional, consideraba que el coste no era "asimilable" pues la "drástica y profunda" reconversión suponía un desembolso que duplicaba la inversión de construir una nueva.

La consejera ha asegurado que La Pereda era un "pozo sin fondo" y ha afirmado que el anterior Ejecutivo "ya lo sabía", algo por lo que, a su juicio, debería de responder el bipartito por su "irresponsabilidad" de "dilapidar" 3,5 millones de euros de dinero público para adaptar dos de las cinco plantas que tiene la residencia, y sólo en uno de los alas, en una obra que ha calificado de "chapuza".

En este sentido, la consejera ha señalado que el Gobierno de Cantabria debía decidir si cerrar La Pereda o invertir nueve millones de euros para hacerla "viable y segura", algo que -ha dicho- significaría "gastar lo que no tiene" en una remodelación sin "garantías".