Cáritas Diocesana de Santander ha transmitido a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, su "preocupación" ante los "recortes" anunciados en protección social, con la modificación en la normativa de la Renta Social Básica, y en asistencia sanitaria.

El secretario general de la entidad, Francisco Sierra, se reunió con la consejera el martes y le transmitió, entre otros aspectos, la "incertidumbre" que le ha producido la "denegación" del acceso a la Atención Sanitaria Primaria y Especializada a los inmigrantes en situación irregular, según ha informado en un comunicado Cáritas.

A un día de que el Congreso de los Diputados debata la aprobación del real decreto-ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, Cáritas ha expresado su apoyo a los inmigrantes que resultarán afectados y ha defendido que estas personas, "por el simple hecho de serlo", tienen reconocido a nivel internacional su derecho a la salud.

Además, la entidad se ha mostrado "contraria" a la propuesta de cubrir la asistencia sanitaria de estas personas a través de una red paralela de convenios con ONGs.

"La salud es una de las condiciones más importantes de la vida humana y por ello tendría que estar garantizado el acceso de todas las personas a alcanzar y mantener una vida sana, sin enfermedades y sufrimientos evitables ni mortalidad prematura", ha añadido.

Renta social básica

Esta preocupación se ha sumado a la que ya existía a raíz de que el Gobierno de Cantabria anunciara los cambios en la Renta Social Básica.

Sobre este aspecto, el representante de Cáritas "ve necesario" que para que la Renta Social Básica pueda hacer efectivo el derecho a la protección social de las personas en situación o riesgo de exclusión social y posibilite la cobertura de sus necesidades básicas y su derecho a la incorporación social hay que "agilizar la tramitación" de esta prestación, manteniendo, además, el derecho a la misma desde el momento de su solicitud y haciendo que su renovación sea automática mientras no cambie la situación de la persona.

Sierra ha alertado de que, en este momento, Cáritas Diocesana se encuentra "cada vez más" con personas que no cuentan con ningún tipo de ingreso y al solicitar la Renta Social Básica se encuentran con un trámite que lleva "entre 5 y 8 meses".

Ha señalado que, en ese tiempo, Cáritas está asumiendo la cobertura de las necesidades básicas de muchas de esas personas "que no cuentan con un colchón familiar que les apoye".

El representante de Cáritas ha planteado a la consejera en dar la posibilidad de complementar los 426 euros de la Renta Social Básica con salarios "de baja intensidad" hasta alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional.

Por otra parte, Sierra ha reclamado que no se condicione la obtención de esta prestación a la residencia legal de un año en la comunidad autónoma y ha considerado una "manifiesta contradicción" hacia la persona inmigrante en situación administrativa irregular el que se le permita empadronarse como un vecino más de su municipio pero sin permitir su acceso a determinados derechos que la entidad considera "innegociables".

Cáritas Diocesana ha solicitado la puesta en marcha de los programas de incorporación social que la propia Ley de Servicios Sociales del 2007 establece para garantizar un seguimiento personalizado de los procesos de inserción social.

La entidad "ve necesario" también que se retome la convocatoria del Consejo Asesor de Servicios Sociales como órgano de consulta para la valoración de cualquier medida que afecte al sector que representan.