El juez del Juzgado de lo Mercantíl número 1 de Tarragona, César Suárez Vázquez, ha pedido a la Conselleria de Economía y Conocimiento de la Generalitat información sobre las actuaciones de supervisión, inspección, expedientes informativos y cualquier otra actuación realizada sobre la Cooperativa de L'Aldea, ha informado en un comunicado.

Así, el Govern cuenta con un plazo de diez días para remitir toda esta información al juzgado, en la que debe detallar los recursos propios de la cooperativa en relación con su inmovilizado material e inmaterial neto.

También ha requerido información sobre las operaciones que haya realizado la sección de crédito de forma habitual o que superen el 60% de los recursos propios de la cooperativa.

Asimismo, ha solicitado el grado de cumplimiento de las dotaciones a provisiones exigidas a la sección de crédito por la normativa vigente, y el cumplimiento de los ratios de solvencia de la sección de crédito respecto de las operaciones de financiación realizadas con los cooperativistas, adheridos o terceros.

El Juzgado Mercantil número 1 de Tarragona declaró el concurso voluntario de acreedores de la cooperativa en abril por encontrarse en situación de insolvencia, con un pasivo superior a cinco millones de euros y más de 50 acreedores.

Plan de viabilidad

Actualmente, la cooperativa está trabajando en aumentar la producción de forma que las hectáreas de cultivo crezcan hasta las 150 frente a las 50 actuales, algo que se puede obtener no sólo con los medios propios de la cooperativa sino con acuerdos con otros agricultores.

Para hacer viable la entidad, la junta ha despedido a tres trabajadores de los 12 fijos y ha aprobado un expediente de regulación de empleo (ERE) de reducción de jornada para toda la plantilla, un plan de reestructuración con lo que la entidad prevé ahorrar 150.000 euros anuales.

De momento, la Cooperativa de L'Aldea está capitaneada por una junta rectora de transición hasta que se constituya la definitiva en junio, según las previsiones.