Los terremotos del 11 de mayo del pasado año ocurridos en Lorca han quedado grabados en la mente de la sociedad. Es el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, quien asegura que "es una cápsula para la memoria".

Con motivo del primer aniversario de aquel fatídico día, que se cumple este viernes, Martínez Moya no duda en afirmar que la Justicia "también ha querido extraer para el futuro la oportuna lección para estar preparada si, por desgracia, se produce alguna catástrofe".

Y es que, reconoce en declaraciones a Europa Press, "en aquellos momentos, nosotros, los jueces de Murcia, no contábamos con previsiones legales, ni tampoco experiencias comparables". "Fue un auténtico desafío buscar la respuesta adecuada para el desastre sufrido", admite.

Sin embargo, destaca, hoy el Poder Judicial cuenta con un Protocolo de Actuación Judicial para supuestos de Grandes Catástrofes aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para una respuesta inmediata a la situación catastrófica, el Protocolo "contempla la constitución de una Comisión Judicial de Crisis", manifiesta Martínez Moya, para después subrayar que "hace un año fue una difícil prueba".

"Lo que está claro, insiste, es que para la Administración de Justicia el pueblo lorquino fue, hace un año, pero también ahora, y mientras sea necesario, merecedora de nuestra máxima atención".

Por ello, ha trasladado a la sociedad lorquina un mensaje de tranquilidad y compromiso porque seguirán para que Lorca "cuente con una justicia ágil y de calidad". De hecho, señala que la principal prioridad del TSJ ahora es que "cuente con una nueva sede judicial y que muy pronto tenga dividida a la jurisdicción civil y penal".

La incertidumbre que se convirtió en catástrofe

El presidente del TSJ de Murcia recuerda las primeras llamadas, los primeros momentos de los seísmos, con noticias "confusas" que al mismo tiempo "iban sembrando una gran incertidumbre hasta que, finalmente, se constata la catástrofe".

En este sentido, la labor que desempeñaron las magistradas de guardia la noche del seísmo, así como del equipo de forenses del Instituto de Medicina Legal, fue encomiable en su opinión, puesto que "desde el primer momento se integraron en el equipo de coordinación de emergencias".

En general, la actitud y espíritu de servicio público de magistrados, secretarios judiciales y funcionarios destinados en Lorca, fue "ejemplar", a su juicio, como también lo fue la colaboración de los profesionales, abogados y procuradores del lugar.

La prioridad, puntualiza, "eran las víctimas y la actuación del Juzgado de Guardia, pero tras eso había muchas otras cosas que resolver".

Uno de los recuerdos difíciles de olvidar para Martínez Moya fue cuando ya había pasado la noche, y en la plaza, frente a los Juzgados y el Ayuntamiento, se celebró una Junta de Jueces "en condiciones que difícilmente se repetirán".

"Teníamos que buscar las medidas adecuadas para garantizar la continuidad de la Administración de Justicia, pero los funcionarios se habían visto afectados, había que revisar la seguridad de los edificios y el estado de los expedientes, los despachos profesionales de abogados estaban destrozados y ya habían pasado algunas horas y sabíamos que la situación era realmente excepcional", remarca.

Las cifras, proporcionadas por los decanos, ponían de manifiesto la gravedad de la situación: de 119 despachos de abogados, 47 habían sido catalogados con código rojo y 23 amarillo e igualmente de 20 despachos de procuradores, 11 tenían código rojo y 9 amarillo. Por lo que se refiere a las cuatro sedes judiciales, sólo una, la que se sitúa en el barrio de San Cristóbal, sufrió daños de consideración.

De este modo, se tuvo que acordar la interrupción de la actividad judicial hasta el 17 de mayo, a las 00.00 horas, a excepción de las diligencias urgentes del Juzgado de Guardia, Violencia de Género y Registro Civil. De hecho, el Registro de Lorca atendió ese mismo día a 90 usuarios y en sus libros se inscribieron 8 nacimientos, 11 defunciones y 10 nuevas nacionalidades.

Interrupción de plazos procesales

Igualmente, en un acuerdo "sin precedentes y por causas de fuerza mayor", se interrumpieron los plazos procesales y se suspendieron las actuaciones previstas hasta dicha fecha.

Se habilitó un juez de guardia de refuerzo, para auxiliar a la juez que ejercía esas labores y tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como el decano del Partido Judicial de Lorca, estuvieron en el municipio para coordinar las actuaciones que fueron necesarias por los desalojos de los edificios judiciales y garantizar que se pudieran desarrollar todas las diligencias preceptivas.

Seis días después, el día 17, se celebró en Lorca una Sala de Gobierno Extraordinaria y, tras reunirse con magistrados y secretarios judiciales, representantes de la junta de personal y decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, se comprobó que la actividad en los juzgados "iba recuperando la normalidad".

Martínez Moya remarca, en este sentido, que "los juzgados estaban funcionando y plenamente operativos; pero también se advirtió que eran necesarias medidas que permitieran ser sensibles a la situación tan excepcional que vivía la ciudadanía de este partido judicial".

Ese mismo día, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordaba, al otro lado del teléfono y del ordenador, prorrogar la interrupción de los plazos en el partido judicial de Lorca hasta las 00.00 horas del 18 de junio, "con la finalidad de garantizar el derecho de las partes y ciudadanos en los procesos judiciales y asegurar el correcto funcionamiento de los órganos judiciales".

Atendiendo, eso sí, a las condiciones de la ciudad, de los edificios de los juzgados y los locales en los que se ubican los despachos de los abogados y procuradores, para asegurar los "derechos de todos los usuarios de la Administración de Justicia".

En varias ocasiones, recuerda, la Sala de Gobierno "ha estado muy atenta en la adopción de especiales medidas de refuerzo en los órganos judiciales y se ha desplazado para celebrar sesiones ordinarias en el territorio".

Para concluir, insiste en que el Tribunal Superior de Justicia "ha querido y quiere estar cerca y atento a la problemática que pueda surgir, con el único objeto de servir a la ciudadanía".