El Gobierno de Cantabria ha decidido cerrar el centro de atención a la dependencia de La Pereda, en El Sardinero, lo que supondrá un "máximo" de 80 despidos, y externalizar la gestión del Centro de Día de Castro Urdiales.

Los funcionarios y personal indefinido de La Pereda serán recolocados en los otros centros de atención a la dependencia públicos de Cantabria —los que hay en Laredo, Torrelavega y Cueto—, de los que, por esta reorganización, serán despedidos algunos interinos y trabajadores temporales que ocupaban estas plazas.

Por tanto, serán despedidos tanto interinos como trabajadores temporales que actualmente trabajan en La Pereda, como parte de los de las residencias de Cueto, Torrelavega y Laredo.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una rueda que ha ofrecido junto a la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Isabel Urrutia, y en la que, sin estar convocados, han estado presentes miembros de la junta de personal y comité de empresa, que creen que el cierre de La Pereda podrá afectar, no a 80 personas, sino a unas 120.

Sáenz de Buruaga ha achacado el cierre de La Pereda a que el edificio "no cumple con los requisitos estructurales básicos y de funcionamiento" para atender a personas dependientes.

La consejera ha recordado que el edificio no fue construido para ser un centro de atención a personas dependientes, sino un centro de ocio, y ha explicado que las instalaciones no están adaptadas para atender a este tipo de residentes, pues se mantienen elementos como escalones o bañeras, mientras faltan otros, como montacamillas.

Además, según ha dicho, el edificio tampoco cumple los requisitos de Protección Civil en cuanto a evacuación y las condiciones de seguridad y salubridad son "manifiestamente mejorables".

De hecho, ha asegurado que si la residencia fuese una empresa pública "no resistiría una inspección" y tendría "serías dificultades" para seguir abierta.

Sáenz de Buruaga ha criticado la decisión del anterior Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) de haber querido convertir La Pereda "en lo que no es", destinando para ello "ingentes cantidades" de dinero público —unos 3,5 millones de euros desde 2007— en una remodelación que ha calificado de "chapuza" y que está sin concluir.

A juicio de la titular de Sanidad y Servicios Sociales, sería "injustificable" seguir destinando recursos públicos a una remodelación de La Pereda que, por las características del edificio, es "inviable" cuando los centros de Laredo y Cueto están "infrautilizados" al tener cerradas dos plantas totalmente equipadas para prestar este servicio.

Recolocación de residentes

De las 94 personas que actualmente tienen plaza en La Pereda, de las cuales 51 son "totalmente autónomas" y 43 dependientes, al menos 34 irán a la residencia de Cueto y otras 35 a la de Laredo, ambas de gestión "totalmente pública".

Según ha explicado Buruaga, las personas desplazadas a Cueto y Laredo serán reecolocadas en las dos plantas que actualmente están sin abrir y que han sido "perfectamente adecuadas" para la atención a dependientes.

El resto de residentes de La Pereda que no tengan plaza en Cueto ni en Laredo se les garantizará una plaza concertada en otras residencias de Santander, teniendo en cuenta criterios como su grado de dependencia o su capacidad económica.

Centro de día de castro urdiales

Para la externalización de la gestión del centro de día de Castro Urdiales —único en Cantabria que seguía teniendo gestión directa—, la consejera ha explicado que el coste que para el Gobierno regional tiene cada una de sus 88 plazas —de las que hay ocupadas unas 30— es aproximadamente un 47% superior a las de los otros centros de día públicos con gestión externalizada, como los de Astillero, Parayas, General Dávila y Torrelavega.

Además, ha señalado que el gasto de personal en este centro, con cerca de una treintena de trabajadores, también es superior al porcentaje que destinan los otros cuatro centros de día.

Por ello, el Gobierno de Cantabria ha decidido convocar de manera "inminente" un concurso para adjudicar el contrato de gestión de este centro a una empresa privada.

Los funcionarios que trabajan ahora en este centro de día serán recolocados y reubicados entre los centros de día de Astillero, Paratas, General Dávila y Torrelavega, mientras que el resto —19 trabajadores— seguirá trabajando en estas instalaciones para la adjudicataria del servicio.

La consejera ha defendido que ambas decisiones, tanto la del centro de día como la de La Pereda, que requerirán una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, son "medidas responsables", basadas "en datos objetivos" y guiadas por la búsqueda de la "racionalización", la "eficiencia en la gestión" y la "calidad" en la prestación de los servicios públicos.

Sáenz de Buruaga ha asegurado que el Gobierno regional quiere hacer efectiva estas decisiones "con la mayor agilidad posible" y confía en que ambas medidas estén implantadas "en un plazo máximo de tres meses".

Sin embargo, ha señalado que el Ejecutivo regional, a pesar de tener la decisión "ya tomada", está dispuesto a "dar el mayor margen posible a la negociación" para alcanzar el "mayor consenso posible" con los sindicatos.

En este sentido, la consejera ha insistido en la voluntad del Gobierno regional de "minimizar" el impacto que tendrá el cierre de La Pereda en el empleo y ha garantizará que la cifra de 80 despidos es un "máximo" y ha añadido que se llegará a ella en el "peor de los casos".

"absoluto rechazo"

A la rueda de prensa, han acudido, a pesar de no ser convocados, varios representantes sindicales y miembros del comité de empresa y junta de personal, que han conocido el cierre de La Pereda a las 8.30 horas de este lunes.

En posteriores declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria de la Junta de Personal, Inmaculada Peña, ha expresado "el más absoluto rechazo" a la decisión que ha tomado el Ejecutivo regional y que, a su juicio, es una forma de ir "cerrando todo en la Administración".

"Estamos poniendo todo en manos privadas. No lo podemos compartir. Entendemos que esto no es dar un mejor servicio público", ha afirmado Peña.

Tras asegurar que todos los gobiernos, tanto el anterior como el actual, sabían que La Pereda "no reunía los requisitos para ser una residencia", Peña ha recordado que, sin embargo, el bipartito PRC-PSOE apostó por invertir un "importante dinero público" para rehabilitar sus instalaciones y "poco a poco" ir adaptándolas, algo que "ahora ya no sirve de nada".

"Me parece que ni este Gobierno ni ningún Gobierno puede tomar decisiones de este pelo y tirar los fondos públicos. Porque esto es tirarlos", ha dicho Peña, quien ha criticado que el Ejecutivo regional no haya aclarado el futuro de este edificio ni a qué se va a destinar. "¿Lo vamos a vender, lo vamos a tirar, a cerrar...?, se ha preguntado.

"¿Cuál es la gestión de nuestro Gobierno?. Porque aquí cada día nos despertamos con una notivia nueva y, si una es desagradable, la otra es más. Parece qur todo queremos darlo a la gestion privada. Debe ser que necesitamos muchos consejeros, secretarios, directores, muchos altos cargos para coger el teléfono y llamar pero no para gestionar y desde luego eso no lo podemos apoyar", ha añadido.

Peña ha explicado que, ante los "rumores insistentes" que había sobre la posibilidad de cerrar La Pereda, se aseguró que no se haría, lo que ha hecho que la noticia haya sido una "sorpresa".

Aunque ha reconocido que aún no tienen "números exactos" del efecto que tendrá sobre los puestos de trabajo, Peña ha asegurado que serán más que 80 pues también tendrá efectos sobre las sustituciones o la cobertura de vacaciones y bajas.