El PSOE presenta junto a la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas administrativas, económicas y financieras para la sostenibilidad de los servicios públicos para la sostenibilidad de los servicios públicos de Cantabria un plan alternativo que será debatido el lunes en el Parlamento regional y que, a su juicio, permitiría incrementar los ingresos en 90 millones de euros con una "política fiscal progresiva".

En una rueda de prensa, la secretaria general del PSC-PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que este plan alternativo busca reducir el déficit por una "doble vía" basada en la racionalización del gasto y en el incremento de los ingresos por la vía de la fiscalidad.

Díaz Tezanos ha acusado al Gobierno de España y de Cantabria de "hacer recaer el peso de la crisis en quienes menos tienen" y ha apuestado por "un reparto más equitativo de los esfuerzos" ante esta situación económica.

En el plan alternativo que los socialistas han registrado junto a la enmienda a la totalidad del proyecto de ley que permitirá materializar los ajustes del Ejecutivo regional (PP), se incluyen medidas que, según Díaz Tezanos, exigen "un esfuerzo fiscal a quienes tienen posibilidades de hacerlo" y que giran en torno a la recuperación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de la progresividad del de Patrimonio.

Además, proponen un incremento del 10 por ciento del Canon de Saneamiento y Depuración de las aguas residuales de Cantabria, en lugar del 30 que, según ha señalado, plantea el PP.

También propone una idéntica subida del 10 por ciento para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

A su juicio, la obtención de unos ingresos adicionales permitirían no implantar otras medidas "más injustas" que hacen recaer el pago sobre los ciudadanos, con independencia de su riqueza y que son "inoportunas" en una coyuntura de crisis económica, como —ha dicho— es el céntimo sanitario, del que ha dudado de su efecto y la posibilidad de que, al elevar el precio de los carburantes, se retraiga el consumo.

Además, en el ámbito de la racionalización del gasto público, la ley contempla una serie de medidas que mejoran la gestión y racionalidad en la prestación de los servicios sociales, la educación y la sanidad.