Distintas organizaciones sociales y sindicales han iniciado hoy una campaña en Castilla y León con el fin de alcanzar, con mínimo, el medio millón de firmas necesarias para presentar ante el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita modificar la ley hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por ende, regular en España la dación en pago, es decir, la posibilidad de que la entrega de la vivienda al banco en caso de impago de las cuotas sea suficiente para liquidar la deuda con dicha entidad.

Aunque este movimiento se inició en abril en Cataluña, su extensión al resto de comunidades autónomas es ya una realidad, como en el caso de Castilla y León, donde Pablo Gerbolés, Daniel Duque, Carlos Castedo y Óscar Lobo, responsables, por el mismo orden, de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Red Europa Contra la Pobreza, CC.OO. y UGT han coincidido al señalar que sus respectivas organizaciones colaborarán de forma conjunta en la campaña informativa y de recogida de rúbricas que comenzó hoy mismo y cuyo plazo expira el próximo mes de octubre.

El objetivo de esta iniciativa, tal y como ha explicado Pablo Gerbolés, máximo responsable del movimiento vecinal, es, por un lado, instaurar en España la dación en pago para la liquidación de la deuda con los bancos y, por otro, paralizar de forma inmediata los procesos de lanzamiento en los casos de viviendas habituales y deudores de buena fe, así como dar la posibilidad a los afectados de seguir en sus hogares, en régimen de alquiler, durante un periodo de cinco años destinando como máximo el 30 por ciento de sus ingresos.

Gerbolés, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha mostrado optimista en cuanto al éxito de la campaña de firmas, pues, como así ha advertido, "es facilísimo conseguirlas al tratarse de toda España", si bien ha expresado su deseo de "superar con creces" esa cifra, pues, según ha añadido el representante de CC.OO, Carlos Castedo, se trata de llevar al Congreso un clamor popular para lograr sensibilizar a los parlamentarios a fin de que aprueben esta ILP, en lugar de laminarla, como ha ocurrido con otras anteriores".

La urgencia de esta ILP, la primera que podrá ser firmada digitalmente a través de Internet, la han justificado sus impulsores en la grave situación de crisis económica que está llevando a miles de familias a verse incapaces de afrontar sus hipotecas.

11.074

Ejecuciones en 2011

En cyl

"Hay que sensibilizar a la población porque todos estamos en riesgo, mucho más cerca de caer en esta situación de lo que podíamos pensar", ha enfatizado Daniel Duque, de la Red Europa Contra la Pobreza y quien ha recordado que en los últimos cuatro años se han producido en España cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales 11.074 se registraron en Castilla y León, 2.293 de ellas en 2011.

Por ello, Duque ha insistido en que es urgente adaptar la ley hipotecaria a la situación actual y a las personas para no "cosificar a estas últimas y evitar que aumente la exclusión social por causas sobrevenidas".

En la misma línea, Óscar Lobo, de UGT, no ha dudado a la hora de calificar de "drama social" el que viven a diario miles de familias en toda España y en Castilla y León, "donde siete personas pierden a diario su hogar", y por tal motivo ha demandado que el Gobierno, "al igual que sale al rescate de entidades financieras con una celeridad sorprendente, haga lo mismo con ciudadanos a quienes resulta imposible pagar su hipoteca con el fin de preservar su derecho básico a disfrutar de una vivienda".

Aunque en la campaña sólo podrán participar personas mayores de edad, sin antecedentes penales y que estén empadronadas, los promotores de la misma tienen también previsto habilitar otro pliego no oficial para posibilitar que aquellos inmigrantes sin derecho a ello puedan aportar su firma en favor de la modificación de la ley hipotecaria.