El juez instructor de la causa con tribunal de jurado que investiga si existió una trama en la Oficina de Extranjería de Almería dedicada supuestamente a agilizar la tramitación de documentos de inmigrantes a cambio de una contraprestación económica ha citado a declarar en calidad de testigos a 20 de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, entre otras diligencias.

El auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, al que tuvo acceso Europa Press, ordena, asimismo, a petición de la Fiscalía, que se tome testifical a otras 19 personas con el objetivo de depurar la implicación de los 15 imputados, a quienes se atribuye la supuesta comisión de delitos continuados de cohecho, en unos casos activo y en otros pasivo.

Cabe recordar que el juez ordenó en febrero transformar en procedimiento de tribunal de jurado la causa incoada en 2009 al encontrar el Ministerio Público "indicios verosímiles" de que tres policías, el propietario y dos empleados de una asesoría en El Ejido, así como un funcionario de la Administración del Estado junto al hijo de uno de los agentes integraban una presunta trama dedicada a agilizar trámites a cambio de dinero.

En la citada resolución, el magistrado Luis Durbán acordó que se continuase por tribunal de jurado la causa contra un subinspector de la Policía Nacional y tres empresarios que, según la investigación, se habrían beneficiado de una segunda trama que supuestamente se dedicaba a expedir certificados falsos de deuda pendiente con la Agencia Tributaria.

Por estos hechos está también imputado el propietario de la asesoría ubicada en El Ejido junto a un funcionario de la AEAT de ese municipio y otras dos personas que, en connivencia con el primero, eran los encargados de captar a los potenciales clientes que, normalmente, tenían contraídas deudas con la Hacienda Pública y estaban interesados en obtener un informe oficial en sentido contrario.

El auto de fecha de 19 de abril, en el que el juez rechaza que proceda el sobreseimiento de la causa tal y como solicitaron las defensas de los implicados, se acuerda, asimismo, que se incorpore a las diligencias como documentales un informe del contenido del disco duro de los ordenadores intervenidos a los imputados y los CDs con las grabaciones resultados de las intervenciones telefónicas que, según dispone, deberán ser cotejadas con la transcripción. En este sentido, ordena que libre oficio a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que aporte la identidad de los intérpretes que intervinieron en estas transcripciones.

A petición de las defensas, el juez dispone también que se libren oficios a la Agencia Tributaria (AEAT) con sede en El Ejido para, por un lado, determinar si la mercantil de la que es administrador uno de los imputados en la segunda trama estaba al corriente de sus obligaciones entre los años 2008 y 2009, y, por otro, conocer la situación laboral, bien como funcionario, bien como personal laboral, de otro de los implicados en la causa. El tercer oficio pretende determinar si los certificados que emitía este empleados eran o no falsos.

La investigación, que se remonta a octubre de 2008 aunque las detenciones en la Oficina de Extranjería se produjeron a finales de marzo de 2009, apunta que el dueño de la asesoría en El Ejido y dos de sus empleados —un hombre y una mujer— ofrecían a los ciudadanos extranjeros que acudían para contratar sus servicios "agilizar" y "facilitar", entre otros documentos, la obtención de tarjetas de residencia y de permisos de trabajo. ENTRE 150 Y 200 EUROS

A cambio, siempre según se desprende de la instrucción, pedían presuntamente a los clientes interesados cantidades de dinero "sensiblemente" superiores a la tarifa normal y que oscilaban entre los 150 y los 200. Parte de esta cuantía, aún por determinar, se destinaba supuestamente a pagar a los tres agentes adscritos a Extranjería y al funcionario, quienes participaban en estos tratos de favor.

La supuesta trama, que comenzó a ser investigada por el Servicio de Investigación Interna del Cuerpo Nacional de Policía, también adelantaba supuestamente en el tiempo las citas previas ya que los plazos de espera para conseguir una de estas citas se elevaba a dos meses. Al hijo de uno de los agentes imputados la Fiscalía le atribuye el papel de intermediario.

Por otro lado, la intervención de las comunicaciones a los implicados en la causa reveló que el propietario de la asesoría de El Ejido se dedicaba también presuntamente a conseguir informes que certificaban de manera fraudulenta que sus titulares estaban al corriente de deuda con la Agencia Tributaria para, así, que pudieran ser beneficiarios de subvenciones y ayudas. Para ello, habría contado con la colaboración de dos personas que se dedicaban a la captación de clientes potenciales y de un funcionario de la AEAT de El Ejido.

Según la investigación, citado funcionario, al que se imputa a su vez un presunto delito de falsedad en documento público, cobraba, al parecer, una media de 200 euros por cada uno de los certificados que luego eran vendidos por el dueño de la asesoría. Los tres empresarios y el subinspector de la Policía Nacional figuran en la causa después de que se hayan intervenido documentos presuntamente falsos a su nombre.