La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha urgido este miércoles al Consell, a los partidos con representación parlamentaria a nivel autonómico y estatal y a la sociedad civil a reivindicar un nuevo modelo de financiación autonómica que permita "corregir el agravio" sufrido por la Comunitat en los últimos 25 años para evitar "salir mal" de la crisis y sin perspectivas de futuro. Para lograrlo, pide un "pacto" político y una "estrategia conjunta, sin fisuras".

Su presidente, Vicente Boluda, considera que "vamos a salir de la crisis, pero vamos a salir mal y, además, con unas perspectivas de futuro en las que se va a ir incrementando" esa tendencia negativa si no se corrige el déficit de financiación porque "este problema estará hoy, en 2020 y en 2030 si no se soluciona o no llegan a un acuerdo en que sea más justa la financiación de las autonomías". De hecho, defiende que "siempre es momento" de abordar un debate como éste y así se lo trasladará al Consell y a los partidos políticos.

Así lo ha señalado en la presentación de un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que responsabiliza a esa deficiente financiación del déficit permanente y del elevado endeudamiento de la Comunitat, independientemente de la gestión realizada por los gobiernos autonómicos. A modo de ejemplo, el director de ese trabajo ha apuntado que incluso en el supuesto de considerar "gastos completamente improductivos" lo destinado en los últimos años a grandes eventos y empresas públicas, esa cuantía solo representaría el 12 por ciento el endeudamiento total.

Según el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y responsable del informe, Francisco Pérez, éste constata que la Comunitat es la segunda más endeudada, la que menos gastó por habitante entre 2002 y 2009 —un 22% menos que la media— y de las que menos recibió tanto del sistema de financiación —un 9% menos que la media— como en el conjunto de ingresos —un 20% menos—.

En ese período, se acercó a la media tanto en gasto educativo, en el que se situó sólo un 2 por ciento por debajo de ese promedio, como en gasto sanitario, donde se mantuvo un 5 por ciento por debajo, a costa de alejarse de la media en el resto de gastos hasta situarse un 45 por ciento por debajo en apartados como infraestructuras, protección social, cultura y promoción económica, entre otros.

Según el estudio, el menor gasto público y el saldo fiscal de la Comunitat repercuten en su economía dado que reducen la actividad de las empresas que ofrecen servicios al servicio público y les causan problemas financieros, limitan la colaboración público-privada y los recursos para fomentar el desarrollo y, por tanto, debilitan las palancas públicas que impulsan a la producción, el empleo y la renta.

Mejorar eficiencia pero mantener prestación de servicios

Ante esa situación, marca como retos de la sociedad "recuperar la viabilidad financiera" de la Generalitat, "corregir la insuficiencia de recursos por habitante" derivada del actual sistema de financiación y también el patrón de gasto del Estado en la Comunitat. Sus propuestas consisten básicamente en reivindicar ese nuevo modelo de financiación y en "reestructurar el sector público valenciano para reducir gastos, pero sin perder capacidad de prestación de los servicios públicos fundamentales", mediante mejoras de eficiencia.

Pérez ha insistido en que, para lograrlo, es "imprescindible" articular una "acción parlamentaria coordinada y conjunta" de los representantes valencianos en el Congreso y el Senado y una "relación de colaboración fluida pero exigente" del Consell con el Gobierno, que se apoyen en "actuaciones decididas" de la sociedad civil valenciana y de sus representantes en diferentes ámbitos.

Ha advertido, en ese sentido, de que corregir el desequilibrio mediante ajustes del gasto pero sin revisar la financiación "significará asumir que los niveles de prestación de servicios públicos o de inversión pública son más bajos" en la Comunitat y que sus ciudadanos "serán tratados como ciudadanos de segunda". "Por tanto, hay que atender de inmediato a los problemas financieros, pero hay que atacar las raíces del problema e ir más allá con un horizonte en el que lo urgente no oculte lo importante", ha sentenciado.

Por otro lado, ha coincidido con Boluda en que las comunidades autónomas no son las principales responsables del endeudamiento público español, sino que el mayor endeudamiento en proporción al gasto corresponde a la administración central, aunque el director del estudio ha subrayado que éstas sí ostentan la mayor responsabilidad en el "cambio de la dirección de la tendencia" de gasto porque las autonomías "hasta 2011 no han echado el freno del déficit, mientras que la administración central echó el freno sensiblemente en 2010".

Medidas de ajuste "en la línea acertada"

En cuanto a las medidas adoptadas por los Gobiernos central y autonómico, el presidente de AVE ha aludido a la privatización de la gestión sanitaria y ha destacado que "a veces es más efectiva que la gestión pública y puede ser una vía de contención del gasto, aunque quizá no de ahorro", a lo que Pérez ha agregado que "lo que importa son los resultados" de mejora de la eficiencia, "sin poner en peligro los niveles de prestación de los servicios educativos y sanitarios".

A juicio de Boluda, "el Gobierno central no ha parado de tomar medidas y el Gobierno valenciano está empezando a tomarlas y va por la línea acertada porque algo hay que hacer, y lo están haciendo".