El Gobierno catalán ha iniciado este martes los trámites para poder recurrir en los tribunales la "recentralización" que ha iniciado el Gobierno que preside el popular Mariano Rajoy. El Govern ha aprobado un plan con medidas jurídicas y políticas para hacer frente a esta "ofensiva", que incluye llevar al Consell de Garanties Estatutàries los decretos sobre educación y sanidad aprobados por el Gobierno ante la invasión de competencias autonómicas que diagnostica.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Homs ha lamentado que no haya complicidades en el resto de autonomías en la defensa del autogobierno, y ha apelado al principio de "legítima defensa" de la Generalitat ante esta situación.

Ahora será el Consell de Garanties Estatutàries, el órgano que vela por el cumplimiento de la Constitución y el Estatut y que asesora el Govern, el que deberá posicionarse sobre la invasión competencial que aprecian Artur Mas y su equipo y, si aprecia inconstitucionalidades, Cataluña recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) los decretos.

Además de los decretos en sanidad y educación que incluyen recortes y que han generado una gran controversia, Homs ha admitido que el Govern está analizando con lupa el decreto aprobado este viernes por el Gobierno central relativo a la política hidrográfica, que también podría invadir las competencias de la Generalitat. Ha asegurado que por ahora el Gobierno les ha dicho que no tiene intención de hacer una normativa estatal que regule los horarios comerciales, y le ha advertido que si lo hace, "obviamente" se recurrirá, porque sería otra invasión competencial.

El Govern continuará con la geometría variable pese a la ofensiva "recentralizadora" de Rajoy, ha asegurado el portavoz del Govern, por lo que no se cierra la puerta a alcanzar nuevos acuerdos con el PP en el Parlament. Por ahora tampoco contempla anticipar las elecciones, ha asegurado Homs, recalcando que el Govern pone en entredicho la actitud de "desconfianza" hacia las autonomías y la descentralización que hay desde el actual Gobierno español.

En el plan para proteger al autogobierno aprobado este martes, también sobresalen otras medidas, como encargar un informe al Institut d'Estudis Autonòmics para analizar las "duplicidades administrativas" existentes: o sea, estructuras que mantiene el Estado sobre ámbitos de competencia autonómica, como educación, cultura, vivienda y sanidad.

Tampoco se permitirá "ninguna ingerencia" del Estado en entes locales, y ante una eventual desaparición de los municipios pequeños, ha anunciado la convocatoria de un inminente encuentro con las entidades que agrupan a los ayuntamientos catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació Catalana de Munipis (ACM). Cataluña también reclamará al Estado que cumpla las sentencias que obligan a territorializar inversiones y transferir competencias en ámbitos como becas, la casilla del 0,7% del IRPF sobre finalidades sociales o los recursos para formación continuada.

Ante la modificación que ha aprobado el Gobierno y que afecta a las televisiones autonómicas, el Govern ya ha dicho que se opone a una eventual privatización de la gestión de TV3, y ha indicado que esta norma es otra "invasión" a las competencias catalanas.

"TV3 y Catalunya Ràdio son líneas rojas, intocables, y el Govern no permitirá que con la excusa de la crisis se trate de interferir desde Madrid", ha recalcado. Finalmente, el Govern impulsará un acuerdo parlamentario para reclamar al Gobierno español que cualquier inversión en infraestructuras incorpore un "riguroso" estudio sobre el coste de los proyectos y los retornos, con la finalidad de evitar inversiones ineficientes.