El comité de empresa del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha elevado a los tres grupos políticos del Ayuntamiento un escrito solicitando reuniones con todos ellos para buscar "soluciones consensuadas" a la difícil tesitura que atraviesa esta sociedad mixta. Nuevamente, los representantes de la plantilla desean debatir sobre el futuro de la empresa, marcada por la investigación de la juez Mercedes Alaya, y aspectos como el conflicto que rodea al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, al negarse la Consejería de Empleo a financiar las prejubilaciones acordadas.

El escrito de petición de entrevistas, recogido por Europa Press, fue formalizado el pasado jueves, si bien el comité de empresa explica que el Grupo popular se ha "negado" a recibir el documento en cuestión y éste ha sido finalmente canalizado a través del registro general del Ayuntamiento de Sevilla. El Consistorio hispalense, como es sabido, posee el 51 por ciento del capital social de la empresa.

Sobre la mesa, una vez más, toda una serie de problemas que arrastra esta empresa mixta y, sobre todo, la situación que sufren sus prejubilados a cuenta de los conflictos surgidos en torno a los expedientes de regulación de empleo acordados en 2003 y 2007. Ambos procedimientos, como es sabido, figuran en la investigación que comanda la juez Mercedes Alaya sobre una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo financiados con cargo a los fondos autonómicos.

Los ere y las prejubilaciones

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento incluido en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta de esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas.

Aunque Francisco Javier Guerrero, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

Problemas para tres prejubilados de 2003

En paralelo, han quedado "temporalmente" paralizadas las nóminas de tres trabajadores prejubilados en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la lonja hispalense. Se trata, en concreto, de P.V.M., J.G.M. y J.D.M., quienes figurarían entre las 111 "discordancias administrativas" detectadas por la Consejería de Empleo después de haber revisado 67 expedientes de regulación de empleo a cuenta de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas.