El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha anunciado que su grupo solicitará que las sentencias por despido de los exdirectivos de Feval José Viñuela, José Villa y Juan Cerrato, así como la información que las acompañan, sean incorporadas a la Comisión de Investigación de la institución ferial en el Parlamento autonómico.

De esta manera, ha aclarado, el Grupo Parlamentario Popular busca que se depuren "todas" las responsabilidades en la "enorme estafa a los extremeños" que, a su juicio, ha supuesto el caso Feval, marcado por una gestión "fraudulenta, abusiva y provechosa para intereses personales".

Asimismo, en rueda de prensa, el portavoz del PP en la cámara autonómica ha instado al Gobierno de Extremadura y a la propia Feval a recurrir a las sentencias que obligan a la readmitir a José Villa y Juan Cerrato o a indemnizarlos con sumas "millonarias", al considerar el juez que sus despidos sí fueron improcedentes.

"Podemos decir claramente que los socialistas han permitido que estos dos señores, que son unos corruptos, puedan llegar a cobrar ahora más de 400 mil euros del bolsillo de todos los extremeños", ha comentado y ha exigido que el secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, dé explicaciones sobre este asunto y abandone el "silencio" que mantiene al respecto.

Retrasos "innecesarios"

Según ha detallado Hernández Carrón, la Junta Rectora de Feval, con Valentín Cortés y Dolores Aguilar como presidente y vicepresidenta, debió haber despedido a los exdirectivos en cuestión a día 23 de junio de 2011, cuando ya tenía en su poder el informe preliminar de la auditoria 2008-2009 de Feval, en la que "ya constaban los hechos delictivos" y después de que habían transcurrido diez días desde que se acordó la apertura de un expediente por falta de confianza, informa el Grupo Popular en nota de prensa.

Por el contrario, ha explicado, la Junta Rectora inició "una serie de expedientes contradictorios e innecesarios por ley para dilatar el proceso y superar así los 60 días que marca la normativa para despidos disciplinarios", lo que ha permitido que el juez "le dé la razón" a José Villa y a Juan Cerrato, quienes a no eran altos cargos, a diferencia de Viñuela.

El despido, ha reiterado, debió haberse producido cuando ya se tenía el informe preliminar de la citada auditoria, que fue solicitada en 2010 por la Junta de Extremadura, a raíz de una carta que el expresidente Fernández Vara recibió por parte de los trabajadores de Feval, "sin necesidad de esperar al informe definitivo".

Para el Grupo Popular, estos "retrasos" no se producen por un "defecto desinteresado", sino que están "provocados en el procedimiento" debido a la "relación directa" entre Dolores Aguilar y José Villa, quienes "serían socios hasta en seis empresas relacionadas con el sector audiovisual", concretamente, "con contenidos para televisiones locales en el ámbito de la TDT".

"Ahora se entiende por qué -la Junta Rectora- permitió y dilató el proceso de despido de estos señores para que sean improcedentes", ha añadido y ha subrayado que esta situación es "vergonzosa" y el Gobierno de Extremadura y Feval "deben recurrir estas sentencias".

"hechos probados"

Al margen de lo anterior, Hernández Carrón ha dicho que lo "importante" de las sentencias es que "consideran probados varios hechos delictivos" y "no sólo que Viñuela ya no le va a sacar un duro más a Feval y se va a ir a su casa".

Ha explicado el portavoz del PP en el Parlamento de Extremadura que dichas sentencias "prueban" que Villa, Cerrato y Viñuela, además de cobrar unos sueldos "indecentes" de "5.220 euros, 4.950 euros y 6.960 euros, respectivamente", cobraban "sobresueldos en concepto de relaciones públicas, sin control y sin justificación, al margen de los gastos que legalmente les aprobaba la Junta Rectora".

Asimismo, ha dicho que "estos tres señores, eran capaces de adjudicar contratos y encomiendas saltándose la legalidad en multitud de ocasiones" y que llegaron a "incrementar las retribuciones de los asesores que tenían a su cargo, fuera de lo legal".

"Esto es vergonzoso y al PSOE se le debería caer la cara de vergüenza por tener unos directivos que no conformes con el sueldazo que cobraban, cometieron toda esta sarta de delitos para favorecerse a sí mismos y a terceros", ha valorado.

"disparate del abuso"

Según ha añadido, las sentencias prueban también que los tres exdirectivos "incumplían la normativa laboral". "Tanto que los socialistas se ponen ahora con los sindicatos a exigir el cumplimiento de la normativa laboral, cuando gobernaban la incumplían y pisoteaban los derechos de los compañeros trabajadores que ahora tanto defienden en las manifestaciones", indica.

Asimismo, ha comentado que desde Feval se "contribuía al quebranto de la Seguridad Social", y se "prorrogaban contratos eventuales por mayor tiempo que el que marca la ley". "En el disparate del abuso y el absoluto descontrol", ha dicho, "era tal, que hasta se incumplía la ley de Zapatero y vendían tabaco en la institución ferial", ha añadido.

"Todo esto lo hacían entre los tres y confabulándose entre ellos", ha afirmado y ha calificado a los exdirectivos como "una mafia política que ha perdurado durante muchos años y que ha usado dinero público para hacer lo que les daba la gana sin control".

Finalmente, Hernández Carrón ha mostrado su "confianza" en la Justicia y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "para que terminen de hacer el trabajo que todos los extremeños llevamos tiempo esperando", y ha señalado que la Brigada de Blanqueo de Capitales "tomará buena nota de estas sentencias", ha concluido.