Una pareja vizcaína, residente en Agüera (Guriezo) se enfrenta el próximo 25 de mayo a la subasta judicial de su casa, en la que llevan años sin vivir debido a que sus condiciones la hacen "inhabitable", tras haber suscrito un crédito y quedar en el paro uno de sus miembros.

Se trata de Oscar Leal e Iratxe Justel, de Vizcaya pero residentes en Cantabria desde 2003, de 28 y 32 años, respectivamente, con una hija de cuatro años, que cuentan a Europa Press como, atraídos por el entorno natural, acabaron estableciéndose en Guriezo desde 2006.

Fue en ese año cuando adquirieron una casa prefabricada en Agüera (Guriezo), tras suscribir un préstamo con La Caixa por un importe de aproximadamente 240.400 euros.

Pronto comenzaron los problemas: humedades en los baños y olores a aguas fecales cuando llovía. Tras examinar la vivienda, distintos peritos determinaron que todo se debía a problemas de cimentación.

Y como el vendedor se negaba a responsabilizarse, recurrieron a la Delegación de Vivienda en Santander, donde pidieron una ayuda para las reparaciones que les fue denegada, alegando que eran propietarios.

En el camino, la situación comenzó a pesarles, con problemas de salud mental y una baja laboral por depresión, a lo que se sumó, hace dos años, el despido de Oscar de la empresa de reciclaje de Vizcaya en que trabajaba.

En esa situación, no pudieron hacer frente a la hipoteca de una casa en la que ya hacía tiempo que no residían, pues era "inhabitable" y la pareja tuvo que optar por el alquiler.

De modo que sumaron a los 1.200 euros que les supone al mes el pago de la hipoteca los 400 que tienen que pagar de alquiler, sólo con el sueldo de Iratxe, mientras Oscar sigue desempleado.

Hace unos días, les llegó la notificación judicial de que su casa saldrá a subasta, en el Juzgado de Castro Urdiales, por un precio de 206.000 euros, el próximo 25 de mayo.

Stop Desahucios les acompañará en ese proceso, tras haber conseguido contactar con una delegación en Castro Urdiales, que les respaldará en ese acto. DESHAUCIOS

Precisamente esta semana se conocía que un total de 691 familias cántabras fueron desahuciadas en 2011, un cifra que coloca a Cantabria como la tercera comunidad autónoma con menos ejecuciones hipotecarias de España —por detrás de La Rioja y Navarra—.

Desde el año 2007, cuando comenzó la crisis económica, y hasta 2011, el número de desahucios se eleva a 2.997 en la región y a 315.000 en toda España.

Por ello, los sindicatos CC.OO. y UGT de Cantabria y la Red Cántabra con la Pobreza y la Exclusión Social se han sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por diversos agentes sociales catalanes, para que se regule la dación en pago, se paralicen los desahucios y se fomente el alquiler social.

El objetivo es recoger, en todo el territorio nacional, un total de al menos 500.000 firmas, antes del 31 de octubre, para poder llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil con la que los afectados puedan liquidar su deuda mediante la dación en pago, o quedarse en ella pagando un alquiler social.

La dación en pago permite entregar la vivienda a la entidad financiera acreedora a cambio de quedar libre de la deuda, y el alquiler social, seguir residiendo en la vivienda pagando una cantidad no superior al 30 por ciento de los ingresos mensuales por un periodo máximo a cinco años.

Además, la ILP también pretende que se paralicen los desahucios, siempre que se trate de una vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario se deba a motivos ajenos a la propia voluntad, como el paro o una enfermedad.

En Torrelavega ya existe una comisión, formada por Ayuntamiento y sindicatos, que se dedica a mediar entre la entidad financiera y los afectados por desahucios, y que ya ha conseguido acuerdos de dación en pago y alquileres sociales.

Las firmas se recogerán en las sedes de CC.OO., UGT y la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, en actos públicos que éstos realicen, y en diferentes asociaciones.