El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha valorado este viernes la extradición a España del etarra José Ignacio de Juana Chaos. "Después de mucha lucha por parte de la justicia española, al menos ya tenemos reconocida una orden de extradición", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que "la puesta en libertad por razones humanitarias se debería hacer con las máximas garantías de seguridad y evitar que las razones humanitarias sean utilizadas en beneficio propio".

De Rosa ha realizado estas declaraciones en el programa 'La tertúlia' de Canal 9, después de que la Justicia de Irlanda del Norte haya confirmado la extradición a España del etarra José Ignacio de Juana Chaos, al que la Audiencia Nacional reclama por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo al escribir un artículo a su salida de la cárcel en agosto de 2008.

Por otro lado, respecto al 'caso Urdangarín', el vicepresidente del CGPJ ha subrayado que "todos somos iguales ante la ley, de acuerdo al principio de igualdad que reconoce la Constitución".

Así, ha señalado que "el hecho de que se llegue a acuerdos con la Fiscalía no implica un trato preferente", y ha asegurado que "ese tipo de acuerdos entre Fiscalía y defensa se produce todos los días en los juzgados, cuando no se supera una determinada cuantía de años, pero nunca un trato a favor". El magistrado ha añadido que "el juez Castro tiene una integridad absoluta y una vocación de servicio al ciudadano".

En otro orden de cosas, Fernando de Rosa ha afirmado que la propuesta aprobada este jueves en el pleno del CGPJ de reducir a la mitad los partidos judiciales "permitirá a la ciudadanía disponer de una justicia más rápida, ágil y eficaz".

El magistrado valenciano ha explicado que "la estructura existente procedía del siglo XIX, se reformó en 1988,pero seguía siendo una estructura muy rígida". En su opinión, "estas reformas suponen el apoyo a una justicia en la que lo importante son los tiempos y no los kilómetros, y permitirá que los ciudadanos puedan tener la sentencia lo antes posible". "Los partidos judiciales serán más fuertes y los procedimientos más ágiles al haber más medios", ha remarcado el magistrado.

Fernando de Rosa ha insistido en que cada vez que se pone en marcha un juzgado cuesta medio millón de euros, por lo que "es necesaria toda una transformación de la justicia, con debate, sin conflicto y con ánimo constructivo, aunque la última palabra la tendrán el Ministerio de Justicia y las Cortes Generales".

Las plazas de los juzgados se mantienen

Preguntado sobre si las reformas conllevarán despidos, el vicepresidente del CGPJ ha afirmado que "las plazas se siguen manteniendo, se realizará una reorganización pero sin mermar los derechos y atendiendo a la opinión de los sindicatos".

Para el magistrado, "la aplicación de tasas judiciales es el último instrumento, y convendría que ese dinero que se recaude sirva para mejorar la administración de justicia". Además, ha explicado que la medida adoptada por el Gobierno valenciano es similar a lo que se hace en otras comunidades autónomas, "pagando quien utilice la justicia".

"Gravando el recurso se cumple el principio del tutela judicial, pero sólo con las tasas no se consigue la agilidad, hacen falta otras reformas estrucutrales", ha resaltado. Asimismo, ha añadido que "la justicia depende del impulso del Estado, y había un mandanto del 2003, como la implantación de la Oficina Judicial, que no se ha puesto en marcha hasta mayo del 2010, hemos perdido muchos años de reforma de la justicia".

Reforma tecnológica

De Rosa ha defendido una apuesta global por la justicia y ha resaltado que "en paralelo a la reforma de los partidos judiciales habrá una reforma tecnológica, para implantar la videoconferencia y las comunicaciones vía telemática, una reforma que se podría hacer con las tasas judiciales que se van a recaudar, para que la relación del ciudadano con la justicia sea cómoda y ágil."