Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha mostrado su "indignación" con la decisión del Gobierno de España, apoyada por la consejera de Sanidad y Servicios sociales del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, de "impedir" el acceso a la tarjeta sanitaria para los inmigrantes en situación irregular.

En un comunicado, esta organización "lamenta que se despoje del derecho fundamental a la salud al medio millón de personas más vulnerables de la sociedad española".

Para el colectivo ecosocial cántabro, "se trata de una decisión comparable a la Ley de Extranjería de 1985, cuando los inmigrantes en situación administrativa irregular se les negaban cualquier derecho y no existían a efectos civiles".

En opinión de Iseco, la ministra Ana Mato "está contribuyendo injustamente a alimentar el rechazo a la población inmigrante con información falsa o manipulada, como cuando menciona entre los motivos para eliminar la tarjetas sanitarias su intención de combatir el llamado turismo sanitario, porque es público y notorio que quienes han cometidos estos abusos son mayoritariamente ciudadanos de la Unión Europea".

Además, advierten de que la medida "multiplica el riesgo sanitario derivado de un previsible descontrol sobre algunas enfermedades contagiosas como la tuberculosis", por lo que Iseco pide a los Centros de Salud que "ignoren la orden y continúen atendiendo a los inmigrantes como hasta ahora".

Por último, Iseco denuncia que las justificaciones económicas dadas por la ministra Mato y la consejera Sáenz de Buruaga "chocan con todos los datos oficiales, que demuestran como la población inmigrante es mucho más joven y utiliza menos los servicios sanitarios que la población española".

"El ahorro económico es insignificante y hará un daño enorme a personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión", señalan.