La excuidadora de Mensajeros de la Paz Graciela L.B, acusada de dar muerte en agosto de 2011 a tres niños discapacitados que tenía a su cargo en el centro de dicha ONG en Boecillo (Valladolid), será finalmente juzgada por un jurado popular, después de que hoy las partes personadas en la causa, que trataban de pactar la condena, rompieran las negociaciones debido a que las idemnizaciones ofrecidas no satisfacen las pretensiones de las acusaciones particulares.

Pese a que en un principio todo apuntaba que la excuidadora no tendría que comparecer ante un jurado, dado que los contactos para alcanzar una sentencia de conformidad se encontraban muy encarrilados, con una pena global pactada de 45 años, a razón de 15 por cada uno de los tres asesinatos cometidos, las discrepancias respecto al importe de la responsabilidad civil se han convertido en un infranqueable obstáculo y no será posible alcanzar una sentencia de conformidad.

Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro mantenido hoy en la Fiscalía de Valladolid, donde habían sido emplazados los letrados de las tres acusaciones particulares, en representación de cada niño fallecido, así como los de la defensa de la procesada y los representantes legales de Mensajeros de la Paz y la Junta, entidades estas últimas en calidad de responsables civiles.

La letrada defensora de Graciela, quien ya hace unos días advirtió de que el acuerdo aún ni era oficial ni había sido sellado, ha explicado a Europa Press que las tres acusaciones particulares han rechazado el acuerdo al no ver satisfechas sus pretensiones indemnizatorias, "pues reclaman hasta el triple o cuádruple de lo ofrecido", con lo que, tal y como ha apostillado, el juicio seguirá adelante por el procedimiento de jurado popular.

Ante la falta de acuerdo, ha vaticinado la letrada, es previsible ahora que las penas privativas de libertad solicitadas para su patrocinada—las partes tendrán ahora que presentar su escrito de calificación provisional—se vean notablemente endurecidas, con lo que la condena global interesada para Graciela podría elevarse hasta los 75 años, a razón de 25 años por cada delito de asesinato, frente a los 45 que le habían sido ofrecidos.

Gabriela L.B, de 55 años y natural de Uruguay, ha venido sosteniendo hasta ahora que no recuerda nada de lo ocurrido el día de autos y se escuda en que su único propósito era el de quitarse la vida, si bien lo cierto es que tres niños discapacitados de 3, 9 y 14 años que tenía a su cargo aparecieron el día 15 de agosto del pasado año muertos en su habitación y con sus cabezas cubiertas con papel de cocina film en el centro 'Nuevo Amanecer' de Mensajeros de la Paz sito en el número 1 de la calle Almendro, en la urbanización El Moral de Boecillo. La autopsia constató como causa de la muerte la asfixia mecánica. IMPUTABLE

El informe forense realizado a la detenida sobre su estado mental determina su imputabilidad, es decir, que es responsable a los efectos de responsabilidad penal, y ello a pesar de reconocer que se trata de una mujer que sufría un trastorno adaptativo, así como que tenía depresiones y había estado en tratamiento.

De hecho, la acusada ya protagonizó un intento de suicidio el 10 de septiembre del pasado año, cuando, de forma voluntaria, se arrojó desde una terraza del Centro Penitenciario de Valladolid y sufrió diversas fracturas, mientras que dieciocho días después, cuando se recuperaba de las lesiones en el Clínico Universitario, aprovechó un descuido de los sanitarios para abrirse los puntos de la herida.