CCOO, UGT y STAS Intersindical Valenciana han criticado que las tasas judiciales anunciadas por el Consell para actos administrativos como los recursos "crearán una justicia de ricos" y "no van a solucionar los problemas que existen en Justicia". Por ello, solicitarán una reunión con el conseller encargado de este asunto, Jorge Cabré, para que les concrete las medidas y les de las "oportunas" explicaciones.

Así lo han indicado en declaraciones a Europa Press los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y STAS Intersindical Valenciana en materia de Justicia, Enrique Campayo, Santiago Alegre y Rafael Redondo, respectivamente. De esta manera han valorado el anunciado del Consell de aplicar tasas judiciales para recaudar cuatro millones en lo que queda de año y 12 millones más en el ejercicio 2013.

En concreto, Campayo ha explicado que su sindicato está en contra de las tasas porque "lo que hacen es impedir o limitar el acceso del ciudadano a la justicia". Así, lograrán que la gente "no tenga acceso a los juzgados porque les saldrá muy caro". De esta manera, los que saldrán beneficiados —a su juicio— serán las grandes corporaciones, que "si que pueden acudir a la justicia y no les importa pagar lo que sea", ha dicho.

Estas tasas lo que provocarán —ha agregado— es que se genere una "justicia de ricos" y, así, "los que no tengan medios, no tendrán acceso a la justicia porque supondrá un gasto importante y un desembolso".

Este hecho, unido a las condenas en costas, "supondrán un obstáculo para que la gente pueda interponer demandas de cualquier tipo". De esta manera, la justicia "dejará de ser un derecho universal". Además, opina que las tasas "no van a solucionar los problemas que ya hay en Justicia", y ha lamentado que se implanten "por incapacidad de los gestores, que no han sabido hacer las cosas bien".

Por su parte, Alegre ha comentado que "todo lo que vaya en contra de la justicia gratuita, es un paso atrás". Asimismo, ha indicado que a priori, este tema lo que pretende es "vender que si pones tasas a la hora de recurrir, la gente se lo pensará dos veces y la litigiosidad bajará. Pero no estamos de acuerdo con esto, porque esta medida supone volver 30 años atrás en derechos conseguidos".

Dudosa legalidad

Por otro lado, Rafael Redondo ha señalado que el sindicato duda de la legalidad de esta medida, puesto que estiman que "es una competencia estatal". Así, ha indicado que no saben cómo se llevarán a cabo puesto que a ellos no les han informado.

No obstante, ha criticado que el fin, "como siempre", es "obstaculizar el acceso del ciudadano a la justicia, poniendo trabas hasta el final. Esto conseguirá más desigualdades respecto a la capacidad económica y repercutirá en las rentas más bajas. El que tenga ingresos le da lo mismo porque seguirá uitilizando el medio y no le afectará", ha dicho.

"Rechazamos totalmente estos obstáculos que se ponen de acceso a la justicia, un servicio público", ha agregado. Por este motivo, ha avanzado que su sindicato solicitará una reunión con el conseller, Jorge Cabré, para que les exponga el proyecto. "Nos dan muy poca información y estamos teniendo muchos problemas para tener una relación fluida con el conseller y con el secretario autonómico", ha lamentado.