El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado este miércoles que el anterior gobierno local de IU y PSOE "intentó ocultar y tapar toda la responsabilidad política" por los hechos del caso Torreblanca, en el que hay cuatro policías locales acusados, al "oponerse" a una comisión de investigación, cuando "otros hemos hecho todo lo contrario", en relación a la comisión de investigación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).

En declaraciones a Europa Press, Torrico ha recordado que el PP pidió en 2008 la creación de una comisión de investigación para "investigarse la responsabilidad política de los hechos, independientemente de las responsabilidades penales", pero "aquella petición de comisión, el rodillo de aquel entonces de mayoría absoluta de IU y PSOE se opuso y no creyeron que fuera conveniente investigar nada".

Por tanto, "después de que existe una petición de penas bastante importante por el fiscal", cree que "el tiempo ha dado la razón al PP" y "por lo menos independientemente de las conclusiones, que serían fruto de la investigación que se tuviera, el entonces gobierno municipal debió de admitir la investigación y que se analizaran los hechos".

Así, resalta "el contraste entre la actitud de negación de la investigación política de unos hechos con relevancia penal, con la que ha tenido el PP, que a la primera petición de comisión de investigación que hubo por parte de IU", en este caso para el Imdeec, "no solo accedió a que se investigara, sino que se amplió y se ha llegado a unas conclusiones de relevancia política".

En cuanto a las penas solicitadas por la Fiscalía, por un total de 15 años de prisión para los cuatro agentes, Torrico respeta "las decisiones del ámbito judicial" y considera que "es un tema que tiene mucha importancia y hay que esperar a que acabe el proceso para tomar decisiones".

Entretanto, recuerda que "estos hechos fueron puestos en conocimiento del fiscal, no a iniciativa del gobierno de IU y PSOE, sino de la entonces secretaria del Pleno de una información reservada que dedujo la posibilidad de indicios de delito".

En concreto, el Ministerio Público y la acusación particular han presentado un escrito de acusación en el que solicitan para cada uno de los cuatro presuntos implicados tres años y nueve meses de prisión y multa de 5.400 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo durante tres años por delito de falsedad cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones.