La secretaria de Políticas de Protección Social y de la Dependencia de UGT Región de Murcia, Eugenia Pérez, ha replicado al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno central "no serán para morirse" para aquellas personas que "tengan un sueldo digno".

Sin embargo, insta a Valcárcel a hacer una reflexión y pensar que en la Región de Murcia "hay gente con unos poderes adquisitivos muy bajos, y sólo unos pocos pueden no morirse", según ha informado en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la secretaria general de la Federación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP-UGT), Amparo Alegría.

Pérez ha contestado de esta manera a Valcárcel, quien reconoció el pasado viernes el "esfuerzo" que suponen las nuevas medidas económicas que tiene que adoptar el Gobierno para intentar salir de la crisis, pero recordó que "es un esfuerzo solidario, un esfuerzo que tampoco es para morirse".

La responsable de UGT ha señalado que estas medidas "no será para morirse para aquellas personas que tengan un sueldo digno", pero lamenta que sí puede ser "para morirse o para no llegar a final de mes" para cualquier pensionista que perciba una media de 632 euros mensuales.

Asimismo, ha lamentado que estas medidas tendrán su repercusión, por ejemplo, en una persona que tenga una pensión no contributiva, y considera que va a ser "inviable" estudiar en la universidad pública a cualquier familia que tenga un sólo ingreso.

Por ejemplo, se ha preguntado "cuántos medicamentos no están financiados en el sistema de Seguridad Social, como los colutorios". Por ejemplo, explica que hay gente que "se puede pemritir" comprar tres veces al mes un medicamento que vale siete euros, pero estima que puede representar "un excesivo gasto" para quienes tengan una pensión o una renta de 426 euros.

Recortes en sanidad

En este sentido, Pérez ha dicho esperar que las manifestaciones convocadas para este domingo, 29 de abril, y del próximo martes, 1 de mayo, sean un "punto de reflexión para los ciudadanos en contra de estas medidas de ajuste", y han instado a unirse a las mismas a "toda la ciudadanía.

La responsable sindical ha lamentado el recorte de 7.000 millones de euros en Sanidad, el "ataque al sistema público de pensiones" y el "deterioro que está sufriendo el Estado del Bienestar". Por ello, considera que el Gobierno central "ha emprendido un camino peligroso, al instaurar fórmulas de copago en el sistema sanitario en función de las rentas de los ciudadanos".

Así, ha arremetido contra el copago farmacéutico que, según sus cálculos, en la Región de Murcia "podría afectar a unos 300.000 pensionistas y en torno a unas 800.000 personas, entre los titulares activos de las tarjetas sanitarias y todas las personas que se benefician de ese titular".

Asimismo, ha arremetido contra el sistema para poder controlar a los beneficiarios en función de su renta, lo que se va a hacer "a través del reajuste de la tarjeta sanitaria, que va a suponer un coste de 900 millones de euros".

Alegría ha considerado que "no es creíble" esta medida cuando en España "llevamos diez años para ponernos de acuerdo en compartir entre las comunidades autónomas el historial clínico del paciente". Además, reprocha que esta medida requiere un amparo legal que "todavía no existe".

Pérez también ha denunciado "los copagos en los suplementos nutritivos para algunas patologías, así como el copago en los productos ortopédicos, como prótesis, sillas de ruedas y muletas, entre otras cosas".

Asimismo, ha arremetido contra el copago en el transporte sanitario no urgente, ya que en la Región "hay muchísimos enfermos que necesitan ese transporte diario para cubrir la diálisis o problemas de quimioterapia, que no tienen recursos para desplazarse".

En lo que respecta a la Dependencia, Pérez ha criticado "el recorte de 283 millones de euros del nivel acordado, lo que va a suponer un empeoramiento de la gestión y casi desaparición de algunas inversiones necesarias para la mejora en la aplicación de la Ley de la Dependencia, como la resolución de expedientes".

Pérez ha reprochado que el Real decreto de diciembre del Gobierno central, en el que se aprobaba la moratoria para los grados de dependencia moderada "va a suponer un trastorno a casi 18.000 dependientes en la Región de Murcia, según los datos de la Oficina de la Dependencia de la Región de Murcia actualizados a 1 de abril".

Jubilados y dependientes

Alegría, por su parte, ha arremetido contra el Gobierno de Rajoy, al que ha acusado de ser "destructivo y pernicioso, además de haber perdido el respeto a sus mayores", lo que a su juicio demuestra "la forma que ha tenido de presentar las medidas que ha impuesto al colectivo de jubilados y pensionistas".

Ha asegurado que al colectivo "no le preocupa dejar de tomar cuatro cafetillos, como algunos han insinuado", sino que le preocupa "el incumplimiento de las promesas electorales, el engaño, que estamos viendo de cerca que el Gobierno está soslayando la ética de lo que es justo como principio de organización social".

Asimismo, ha destacado su preocupación respecto a la pretensión de acabar con la gratuidad de los fármacos de los que disponen actualmente la mayoría de los españoles pensionistas. Al respecto, ha criticado las declaraciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, al afirmar que el 70 por ciento del gasto farmacéutico público proviene del abuso de los jubilados en sus medicinas.

Ha admitido que hay "un elevado gasto sanitario en medicamentos" que, según la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios, se elevó a 20,4 recetas por habitante en 2010, lo que supone un 18,9 por ciento del total del gasto sanitario en España, según la OCDE.

De todas formas, ha añadido que "no es un gasto tan elevado si se compara con otros países en situación similar, como Alemania que tiene un gasto del 14,9 por ciento, o Francia, que tiene un gasto del 16,1 por ciento".

A su parecer, el problema "no está en el excesivo gasto de fármacos que hagan los pensionistas, porque él no decide qué tomar, ni cuándo ni cómo. Lo que realmente se deberían preguntar es por qué se toman tantas pastillas y por qué resultan realmente tan caras".

Alegría atribuye esta situación a las "promociones de la industria farmacológica, que con sus campañas influyen sobre los médicos, los farmacéuticos y los usuarios".

Alegría considera "curioso" que España sea el país que tiene "más amplia oferta de medicamentos de Europa", con 12.680 especialidades farmacéuticas, cuando la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria indica que "sólo con 400 de esos fármacos podrían dar cobertura total a la mayoría de las patologías que se presentan en atención Primaria".

Además, reprocha que entre el 30 y el 40 por ciento de los medicamentos incluidos en la lista de fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud "no aportan nada a los que ya existen, y son copias más sofisticadas de los que ya existen".

Alegría se pregunta "cómo van a recuperar los pensinistas el dinero", ya que la mayoría de mayores "no saben ni leer ni escribir, y quizá alguno no sepan reclamar el reintegro del pago realizado, simplemente por no saber gestionar un documento".

Ha criticado que, según el Tribunal de Cuentas, uno de cada cuatro mayores en España es residente extranjero y están consumiendo en los centros de salud por sus tratamientos, pero sólo se emiten facturas a sus países de origen por una cantidad de 103.672 pensinistas, cuando la cifra real de extranjeros empadronados es de 231.364".