El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) ha rechazado en el Pleno la moción del Grupo Socialista sobre limitación de altos cargos y salarios porque ya ha tomado estas medidas, al tiempo que ha calificado de "desafortunada" esta iniciativa porque "pone en evidencia" a anteriores responsables del Gobierno PSOE-PRC.

"Nosotros ya lo estamos haciendo y es lo que deberían haber hecho ustedes; es una moción desafortunada y pone en evidencia a gente de su partido con responsabilidades en el anterior Gobierno", ha dicho el alcalde, Íñigo de la Serna, a la portavoz socialista, Eugenia Gómez de Diego, encargada de defender la iniciativa, que ha contado con la abstención del Grupo Regionalista.

El PSOE proponía limitar los salarios de gerentes y directores de empresas públicas municipales a un máximo de 60.000 euros, reducir el número de directores generales, así como a acabar con la "práctica habitual" del Ayuntamiento de externalizar servicios que, a su juicio, pueden llevar a cabo los propios trabajadores municipales.

De la Serna ha asegurado que el equipo de Gobierno ya ha limitado el salario de los altos cargos porque sólo tiene un gerente (el de la Sociedad de Vivienda y Suelo), que cobra unos 60.000 euros frente a los "120.000 más los planes de pensiones" que percibían los 65 que tenía el Ejecutivo PSOE-PRC.

En cuanto a los directores generales, el Ayuntamiento cuenta con cinco frente a los 120 del Gobierno anterior, "24 veces más que nosotros", ha apostillado el alcalde, quien también ha señalado que la externalización de servicios fue una práctica que llevó a cabo la propia Gómez de Diego cuando era directora general de Juventud. Por eso De la Serna ha concluido que lo que piden los socialistas "lo venimos haciendo nosotros mientras ustedes estaban anclados en ese tipo de políticas".

Por su parte, el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha opinado que las propuestas del PSOE no pueden mejorar la gestión municipal "en este momento", y aunque como medida "complementaria" podría ser "eficaz", la exposición de motivos es más "contundente" que lo que se solicita. URBANISMO

Por otra parte, el Pleno ha procedido a la aprobación definitiva, con el voto en contra de PSOE y PRC, del convenio urbanístico con Real de Piasca Promociones Inmobiliarias para la obtención de terrenos para el parque de Las Llamas, concretamente, para la construcción del campo de fútbol de Monte.

La concejala socialista, Judith Pérez, ha recordado que este terreno de más de 8.000 metros cuadrados fue ocupado por el Ayuntamiento hace cinco años pero el convenio urbanístico no llega al Pleno hasta ahora, lo que en su opinión es "una chapuza". Ha tachado el convenio de "inadecuado y engañoso" y la actuación de "ilegal y fraudulenta", además de que ahora "pone al Ayuntamiento en situación de sumisión ante el propietario" del terreno.

En el mismo sentido se ha pronunciado Fuentes-Pila, para quien se trata de un "convenio fantasma" que llega al Pleno con seis años de retraso, mientras se ha estado cobrando el IBI al titular "sin propiedad del prado", lo que ha calificado de "chapuza". Para el regionalista se trata de "justificar lo injustificable", es decir, la existencia de "irregularidades" de competencia pública.

Sin embargo, el alcalde ha afirmado que el "beneficio" del convenio es "indudable" para Santander, que también dispondrá de unos ingresos de 155.000 euros, y que el expediente "garantiza que todo responde al cumplimiento de la legalidad", además de que el otorgamiento de derechos a los propietarios de terrenos que pasan a ser de titularidad municipal es un procedimiento "normal".

En este sentido, el concejal de Urbanismo, César Díaz, ha asegurado que el convenio urbanístico cuenta con informes técnicos favorables por lo que no es "ni fraudulento ni engañoso". "Es perfectamente legal porque así lo dicen los informes técnicos municipales", ha zanjado.

También ha suscitado polémica el otro punto urbanístico del Pleno, la desestimación de alegaciones e imposición de sanciones a Avenir Decaux como responsable de infracciones urbanísticas por tener 30 vallas publicitarias sin licencia, que ha contado con el apoyo de PP y PRC y la abstención del PSOE.

Tanto PSOE como PRC han criticado la "incompetencia" del Ayuntamiento para hacer cumplir el pliego de condiciones de la instalación de vallas publicitarias, aprobado en 2009 y cuyas primeras sanciones se aprueban ahora para regularizar "una situación escandalosa", según Pérez.

Por este motivo, el regionalista Francisco Sierra ha calificado la medida de "claramente insuficiente" porque hay vallas "mal instaladas" desde 2007, otras sin licencia, y el Ayuntamiento ha ingresado "cero euros" porque "no ha hecho nada efectivo por sancionar la falta de licencias". Al respecto, ha criticado que ahora se sancionen 30 vallas cuando hay más de 300 mal instaladas, y con la mínima cuantía (3.000 euros de los hasta 30.000 contemplados).

Díaz ha explicado que son los funcionarios municipales los que tipifican y cuantifican la sanción, en este caso como grave, y lo hacen "al margen de cualquier criterio político", por lo que ha instado a la oposición de "no pretender confundir y decir que esto es fruto de la dejación del Gobierno".

En este sentido, el alcalde ha explicado que se trata de un proceso "largo" y ha negado que se produzca "quebranto económico" al municipio. "No existe ninguna pérdida para el Ayuntamiento, no hay intervención política y responde a los expedientes técnicos que se están finalizando", ha manifestado, señalando que este proceso de retirada de vallas y expedientes sancionadores concluirá con la normalización del suelo público y privado.

Finalmente el Pleno ha aprobado por unanimidad la solicitud de integración de Santander en la Red de Ciudades de la España Verde.